Tan pronto supe del anuncio del presidente Rueda, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, de “un plan” para combatir el fraude en las bajas laborales, pensé al momento: ¡va a traer cola, causará polémica!, cuando no debiera ser así. Concretamente La Región lo recogía: “Puesta en marcha de un programa integral contra el fraude en las incapacidades temporales, que será dialogado con sindicatos y patronal”. Nadie debiera temer -todo lo contrario- a planes antifraudes consensuados ni sentirse criminalizado. Pero vista la reacción, como era de esperar, parece que se encendieron las alarmas. Se apoyó el presidente, para argumentar la medida, en que “cada día unos 70.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal (IT) y en su conjunto generan unas pérdidas de 2.200 millones de euros”. Siendo extensivo este crecimiento absentista a la provincia de Ourense desde el covid. No son cifras baladís para la buena marcha de nuestra economía y la competitividad de las empresas.

Lo que tiene que primar es la salud de los trabajadores. Pero estamos inmersos en un escenario económico y de productividad preocupantes; no podemos ser tancredistas. Sin embargo, fue anunciar “un plan” y ya dio........

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