Las próximas elecciones no decidirán únicamente quién ocupará el Gobierno de España. A mi juicio, decidirán algo bastante más importante: si España es capaz de iniciar una verdadera regeneración institucional o si continuamos por el camino de deterioro de la separación de poderes que hemos vivido durante los últimos años.

Lo digo desde una convicción adquirida tras muchos años de ejercicio profesional y de contacto directo con las instituciones: cuando los ciudadanos dejan de confiar en ellas, la democracia empieza a enfermar. Y recuperar esa confianza no se consigue con discursos, sino garantizando que quienes ejercen funciones públicas lo hagan con independencia, profesionalidad y sometimiento exclusivo a la ley.

Una de las críticas más reiteradas y justificadas al actual Gobierno del PSOE ha sido su voluntad de extender su influencia sobre instituciones que deberían permanecer al margen de la lucha partidista. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS, RTVE, el CNI, empresas públicas y organismos reguladores han sido percibidos por una parte importante de la sociedad como espacios donde la afinidad política ha suplido la independencia y la profesionalidad.

No pretendo valorar aquí cada nombramiento. Lo preocupante es la percepción que se ha instalado en........

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