A esta izquierda que tanto alardea de su preocupación por lo sucedido en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia, como si lo ocurrido en esta comunidad fuera muy distinto de lo sucedido en otras regiones, no parece inquietarle en igual medida la situación por la que atraviesan las personas que se encuentran en situación de dependencia en un país tan envejecido como España. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales acaba de hacer públicos unos datos demoledores correspondientes al primer trimestre de este año, ya sin covid de por medio, que destapan el maniqueísmo recalcitrante del Gobierno y su inoperancia más absoluta en la gestión de los servicios públicos, como viene sucediendo también con la energía -recuerden el gran apagón de hace un año-, la sanidad y la educación públicas, los trenes, las presas o las carreteras. De acuerdo con dichos datos, casi 9.000 personas fallecieron en nuestro país en lista de espera de dependencia entre los meses de enero y marzo pasados, lo que equivale a cien personas al día y a una cada 14 segundos de media. En este primer trimestre, 271.556 personas se encontraban en dicha lista de espera, 13.389 más que a finales de 2025. De esa cifra, 118.716 aguardaban la pertinente valoración y 152.840 esperaban las prestaciones y/o los servicios que tienen reconocidos. La asociación pone de manifiesto también la tendencia de este Ejecutivo a maquillar los datos cuando le son desfavorables, como sucede con el Ministerio de Sanidad en lo referente a los retrasos en la incorporación de los nuevos medicamentos que llegan al mercado desde que los autoriza el regulador europeo. Los directores y gerentes en servicios sociales desmontan en este caso al Ministerio de Derechos Sociales, el mismo que en pleno fragor del coronavirus asumió por boca de Pablo Iglesias la gestión de las residencias de mayores. Este departamento rebaja la cifra a 152.249 personas, pero la asociación puntualiza que este número «se refiere exclusivamente a aquellas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido». Con las estadísticas del Ministerio, «a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera». Otro dislate más en pleno récord de recaudación de impuestos.

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