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Gestores vociferantes

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24.02.2026

Comprendo que, a la vista del actual panorama español, mucha gente piense que lo ideal para un sistema democrático sano sería evitar la profesionalización de los políticos. Que estuvieran cuatro años en su puesto y luego lo abandonaran para volver a sus antiguas profesiones. El inconveniente de una medida tan razonable es que obligaría a una cantidad innumerable de gente a buscarse de golpe un trabajo honrado. Por tanto, yo me conformaría con que se legislara una incompatibilidad según la cual todo aquel que padeciera la irresistible vocación de usar Twitter quedara automáticamente inhabilitado para presentarse a un cargo político. Nadie te prohibiría tuitear si lo deseas, pero hacer las dos cosas a la vez no estaría permitido.

A los cargos políticos les pagamos para que solucionen nuestras diferencias, no para que se pasen el día haciendo el bocachancla en las redes. Eso aliviaría un poco el paisaje intelectual de la política patria de una manera un poco menos radical. Una persona cuyo principal objetivo en la vida sea pretender pasársela saltando permanentemente de un cargo político a otro delata claramente que, por esa mera pretensión, debería autoingresarse en una institución penitenciaria o una clínica psiquiátrica. Si les facilitáramos ese trayecto directamente, ahorraríamos mucho tiempo y les allanaríamos su camino natural a todas esas patologías.

Cualquier sistema político consiste, a fin de cuentas, en que unos seres humanos ejerzan su dominio sobre otros. La democracia es el sistema que propone que lo mejor es que existan el mayor número de sistemas de control sobre ese dominio y que vengan consensuados por todos los representantes de las diferentes ideas políticas para evitar abusos de poder. Por tanto, probablemente necesitamos representantes ocasionales no profesionalizados. Eso evitaría los personalismos mesiánicos. No es irrealizable. Hay lugares donde se ha avanzado ya en ese sentido. ¿Alguien se acuerda (sin mirar internet) del nombre del presidente de Suiza?


© La Razón