La controversia por supuesta droga en cargamentos forestales, los cuestionamientos de exespecialistas de la DEA y la destrucción de parte de la mercancía exigen respuestas científicas, jurídicas y diplomáticas.

Una acusación que no puede sustituir a una sentencia, el caso de las maderas bolivianas investigadas en Chile ha superado el ámbito de un expediente penal. Ha afectado la confianza comercial, la reputación de empresas exportadoras y la seguridad jurídica de un sector que genera empleo y divisas. Nadie puede pedir indulgencia frente al narcotráfico: si existen delitos, deben probarse y sancionarse. Pero tampoco puede aceptarse que la sospecha sea tratada como una condena anticipada contra empresas cuya responsabilidad no ha sido establecida judicialmente.

Las pruebas técnicas que deben ser examinadas, como manifesté en mi anterior artículo, dos antiguos especialistas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), James Craig Kuykendall y Scott Richard Oulton, elaboraron informes para la defensa de empresas bolivianas. Según la información periodística sobre esos documentos, Kuykendall cuestionó inconsistencias entre pruebas preliminares y análisis posteriores, así como la sustentación de las cantidades de droga anunciadas. Oulton, con experiencia en química forense, objetó la plausibilidad de una impregnación masiva en determinadas maderas de alta densidad y la ausencia de cuantificaciones concluyentes en la documentación examinada.

Estos informes no equivalen a una sentencia absolutoria ni sustituyen los peritajes oficiales. La Fiscalía chilena sostiene una interpretación distinta de sus resultados. Precisamente por ello es imprescindible permitir una contrastación técnica independiente, con acceso a las muestras, protocolos, cadenas de custodia y métodos analíticos. Detectar trazas de sustancias no demuestra por sí solo........

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