Más de 93 mil jubilados y pensionados de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Banobras han solicitado la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, para frenar la implementación de la reforma al Artículo 127 constitucional y abrir un proceso de revisión.

La petición se apoya en argumentos legales como la presunta aplicación retroactiva de la norma, prohibida por el artículo 14 de la Constitución, así como en la posible vulneración de los principios de progresividad y no regresión de los derechos laborales y de seguridad social establecidos en el artículo 1 constitucional y en tratados internacionales suscritos por México. Los promoventes señalan que la reforma ha derivado en reducciones inmediatas en sus pensiones, lo que ha detonado la preparación de amparos y posibles litigios colectivos, además de advertir que el caso podría escalar a instancias internacionales si no se suspende su aplicación. El conflicto coloca bajo presión el manejo de pasivos laborales y obligaciones pensionarias del Estado y sus empresas productivas, al tiempo que introduce un frente de riesgo legal que podría modificar el alcance financiero de la reforma y su impacto en la planeación presupuestaria y la sostenibilidad de........

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