El viceministro Rodrigo Arce ha dicho que el caso de las maderas es un problema con la Fiscalía y la justicia chilenas, no entre los gobiernos ni sus presidentes.

La afirmación crea una excusa peligrosa. Si los órganos internos pudieran transgredir los tratados de su país sin comprometer al Estado, ninguna obligación internacional tendría verdadero valor.

La Fiscalía puede ser independiente del Gobierno para investigar, pero sigue siendo un órgano del Estado chileno. El Derecho Internacional atribuye al Estado la actuación de sus órganos, incluidos los judiciales.

La Convención de Viena establece que un Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Chile puede aplicar su legislación contra el narcotráfico, pero debe respetar sus obligaciones internacionales.

Arce sostuvo también que la Ley 20.000 faculta la destrucción de la madera. La explicación es incompleta. Esa legislación autoriza eliminar drogas y objetos relacionados con el delito, pero exige conservar muestras para nuevos análisis. Se debe establecer si lo destruido estaba identificado y si las muestras permiten una contrapericia.

Chile afirmó que más de 1.000 toneladas de madera boliviana contenían entre un diez y un veinte por ciento de sustancias ilícitas. De allí........

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