El plan anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán nace con un problema de origen: llega tarde y se queda corto. Y lo hace, además, castigando precisamente a algunos de los sectores más expuestos al impacto directo de la subida de los combustibles. Y entre los más perjudicados están los transportistas, que no solo sostienen la cadena de suministro del país, sino que han demostrado en cada crisis reciente –pandémica, energética o inflacionaria– una responsabilidad admirable. Sin embargo, la respuesta institucional vuelve a ignorar esa realidad. Las medidas anunciadas, lejos de aliviar la presión, resultan insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes. Mientras el Gobierno presume de ayudas generalizadas al consumo, la comparación es inevitablemente desfavorable para el transporte profesional. Quienes dependen del gasóleo para trabajar apenas cubrirán una parte del sobrecoste real. Una asimetría que no solo es injusta, sino difícil de justificar desde cualquier lógica económica.

Más preocupante aún es la aparente desconexión entre las cifras oficiales y la realidad del sector, que empieza a ser ya un clásico de este Gobierno. En apenas semanas, el aumento del precio del diésel ha supuesto cientos de millones de euros adicionales en costes para los transportistas. Frente a ello, el Ejecutivo responde con una bonificación que, en términos reales, pierde eficacia al eliminar mecanismos previos que venían amortiguando el impacto. Lo que se presenta como ayuda termina siendo, en la práctica, un alivio menguante. A ello se suma otro problema de fondo: la imposibilidad de trasladar los costes a los clientes. Si el marco normativo impide ajustar tarifas en función del incremento del combustible, se está condenando a muchas empresas a operar con márgenes insostenibles. El resultado es un sector asfixiado, atrapado entre costes crecientes y precios rígidos. No se trata de pedir privilegios, sino de reconocer una evidencia: sin transporte no hay economía. Penalizar a quienes garantizan el abastecimiento es una estrategia miope que puede acabar teniendo consecuencias mucho más negativas que las que se pretenden evitar. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar. Escuchar al sector, ajustar las medidas a la realidad de los costes y garantizar mecanismos justos de compensación no es solo una cuestión de equidad, sino de responsabilidad. Porque en momentos de crisis, la diferencia entre resistir o colapsar depende, en gran medida, de decisiones como esta.

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