La nueva subida de las cotizaciones a los autónomos vuelve a poner en evidencia una preocupante deriva del Gobierno: la falta de coherencia entre lo que promete y lo que finalmente ejecuta. Lo ocurrido con los autónomos societarios y los familiares colaboradores no es solo una cuestión técnica, sino un ejemplo claro de cómo se erosiona la confianza en las instituciones. Se anunció un acuerdo fruto del diálogo social para congelar las cuotas en 2026. Sin embargo, la realidad ha terminado siendo muy distinta. La base mínima de cotización de esos autónomos se ha incrementado un 42%, pasando de 1.000 a 1.424,4 euros mensuales. Aunque el Ejecutivo haya permitido de forma provisional mantener la cuota anterior, la «letra pequeña» obliga a los afectados a pagar la diferencia en el futuro. Es decir, se difiere el golpe, pero no se evita. El Ministerio que dirige Elma Saiz ha optado por una fórmula que muchos consideran un engaño: hoy se alivia la carga para mañana imponerla con carácter retroactivo. Este tipo de decisiones no solo generan incertidumbre, sino que dificultan la planificación económica de miles de pequeños negocios que ya operan con márgenes ajustados. ATA, la principal asociación del colectivo, ha calificado la medida de «salvajada» y de un «sablazo a traición», denunciando un sobrecoste anual de más de 1.600 euros para muchos autónomos. Más allá del hecho de que se ha traicionado la buena fe de las asociaciones que firmaron un documento del que esperaban que no hubiera trampas a posteriori, lo relevante es el fondo: que se rompe un compromiso alcanzado en el diálogo social, debilitando un instrumento clave para la estabilidad económica. En un contexto de inflación y costes crecientes para este colectivo, elevar aún más la carga sobre los hombros de los autónomos parece una decisión muy poco sensata. Si el Gobierno pretende fortalecer el tejido productivo, debería empezar por ofrecer certidumbre y cumplir su palabra. Sin ella, cualquier reforma queda inevitablemente en entredicho.

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