Hay palabras que deberían inquietarnos por el solo hecho de pronunciarlas. Excepción es una de ellas.

Un Estado democrático vive de reglas. De instituciones. De límites. De procedimientos que existen precisamente para impedir que el miedo, la urgencia o la fuerza sustituyan al derecho. Por eso, cuando un país declara un estado de excepción, no estamos frente a una decisión administrativa más. Estamos ante una alteración temporal de la normalidad democrática que solo puede justificarse por circunstancias extraordinarias.

Bolivia lleva casi tres meses viviendo bajo esa excepcionalidad.

Y, sin embargo, en San Ignacio de Velasco cuatro personas fueron asesinadas en poco más de 24 horas. Dos de ellas murieron dentro de una vivienda mientras realizaban una transmisión en vivo. La violencia irrumpió en un espacio cotidiano y dejó detrás algo que ninguna estadística consigue describir completamente: miedo.

Miedo a que el próximo disparo ocurra demasiado cerca.

Frente a esos hechos, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, utilizó una expresión incómoda. Dijo que el estado de excepción había sido, hasta ahora, un “saludo a la bandera”. Su cuestionamiento fue concreto: si el país se encuentra bajo una medida extraordinaria, ¿cómo se explican los asesinatos, los bloqueos y la inseguridad que continúan ocurriendo?

La frase puede discutirse. La pregunta, no.

Porque quizá el problema más serio no sea determinar si el estado de excepción debe ampliarse otros 90 días. El verdadero problema es preguntarnos qué significa una excepción cuando la excepcionalidad deja de producir resultados excepcionales.

El Gobierno decidió enviar fuerzas especiales y efectivos militares a San Ignacio de Velasco. El ministro de Defensa informó que permanecerán allí el tiempo que sea necesario y señaló la presencia de........

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