En el debate público sobre los conflictos internacionales aparece con frecuencia una tentación política: la de que los gobiernos nacionales se presenten como árbitros morales del sistema internacional. Algunos Estados se apresuran a calificar una guerra como legal o ilegal y, al mismo tiempo, a situarse en una posición de equidistancia entre los contendientes, como si esa postura fuese la expresión más elevada de prudencia. En mi opinión, España no debe aspirar a actuar como juez internacional ni debe adoptar una equidistancia que la aparte de sus aliados estratégicos. La primera razón es jurídica. La legalidad del uso de la fuerza no depende de la opinión política de un gobierno nacional ni puede reducirse a una declaración solemne del poder ejecutivo. En el derecho internacional contemporáneo existen principios, normas e instituciones destinadas a enmarcar y valorar el recurso a la fuerza entre Estados. Naturalmente, los gobiernos pueden y deben formular juicios políticos e incluso........

© La Razón