En el debate público sobre los conflictos internacionales aparece con frecuencia una tentación política: la de que los gobiernos nacionales se presenten como árbitros morales del sistema internacional. Algunos Estados se apresuran a calificar una guerra como legal o ilegal y, al mismo tiempo, a situarse en una posición de equidistancia entre los contendientes, como si esa postura fuese la expresión más elevada de prudencia. En mi opinión, España no debe aspirar a actuar como juez internacional ni debe adoptar una equidistancia que la aparte de sus aliados estratégicos. La primera razón es jurídica. La legalidad del uso de la fuerza no depende de la opinión política de un gobierno nacional ni puede reducirse a una declaración solemne del poder ejecutivo. En el derecho internacional contemporáneo existen principios, normas e instituciones destinadas a enmarcar y valorar el recurso a la fuerza entre Estados. Naturalmente, los gobiernos pueden y deben formular juicios políticos e incluso interpretaciones jurídicas. Pero una cosa es sostener una posición fundada en el derecho internacional y otra muy distinta utilizar el lenguaje de la legalidad como un mero recurso retórico. Cuando eso ocurre, el derecho deja de operar como marco normativo y pasa a convertirse en un instrumento de propaganda diplomática. A ello se añade una segunda consideración, de carácter estratégico. España no es una potencia aislada ni un Estado neutral en sentido clásico. Su posición internacional se define por su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, esto es, por su integración en estructuras estables de cooperación política, económica y de seguridad. Esas alianzas no son accesorios de la política exterior, sino parte de la propia realidad internacional de España. Ignorar ese dato conduce a una visión ficticia de nuestro lugar en el mundo. Por eso conviene distinguir entre neutralidad y equidistancia. La neutralidad, en su sentido tradicional, significa no intervenir directamente en un conflicto armado y es una decisión legítima y prudente. La equidistancia, en cambio, consiste en tratar políticamente a los contendientes como si fueran equivalentes, prescindiendo del contexto, de las responsabilidades concretas y de los compromisos estratégicos existentes. Rechazar la equidistancia no significa renunciar al juicio propio. Un aliado serio no es el que repite de manera automática cada posición de sus socios, sino el que mantiene una orientación general coherente dentro del marco de sus compromisos. La pertenencia a una alianza no obliga a respaldar toda intervención militar ni excluye la crítica razonada. La prudencia estratégica sigue siendo una virtud en política exterior, y evitar implicaciones innecesarias puede responder plenamente al interés nacional. Pero esa prudencia no debe confundirse con la tentación de presentarse como un tercero ajeno a los vínculos políticos y de seguridad que sostienen nuestra propia estabilidad. Un Estado no necesita participar en todos los conflictos para ser un socio fiable, lo que se espera de él es claridad acerca de los intereses compartidos, conciencia de los compromisos asumidos y coherencia en su posicionamiento general. Precisamente por eso, la política exterior no puede construirse sobre gestos de equidistancia que debiliten la credibilidad internacional del país. En definitiva, la política exterior de un Estado serio debe apoyarse en la coherencia, en el respeto al derecho internacional y en el reconocimiento realista de su propia posición en el mundo. España no gana influencia pretendiendo erigirse en juez global de cada conflicto armado. Tampoco la gana adoptando una equidistancia que la aleje de aquellos países con los que comparte instituciones, intereses y responsabilidades estratégicas. La verdadera madurez internacional no consiste en proclamar neutralidades retóricas, sino en combinar autonomía de juicio, prudencia política y lealtad a las alianzas que garantizan nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra voz en la comunidad internacional.

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