España se define constitucionalmente como un Estado social y democrático de Derecho. Esto implica que el poder público debe garantizar derechos, proteger a los vulnerables, corregir desigualdades injustas y evitar que nadie quede abandonado a su suerte. Un país decente no puede mirar hacia otro lado ante la pobreza, la enfermedad, la discapacidad, el desempleo involuntario o la exclusión social. Pero conviene recordar algo que a menudo se silencia: no hay política social seria sin recursos, y no hay recursos suficientes sin una economía productiva y capaz de generar trabajo. La solidaridad no nace del vacío. Se financia con impuestos, pero los impuestos salen del trabajo, del ahorro, de la inversión, del riesgo empresarial y de la actividad económica. Para sostener la sanidad, pensiones, educación o ayudas sociales hacen falta ciudadanos que trabajen, empresas que produzcan, autónomos que facturen y emprendedores que se atrevan a poner en marcha negocios. Un Estado social........

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