Desde aquellos primeros reproches en los que un ministro insinuó que ciertos jueces parecían vivir en una torre de marfil ajena al pulso democrático, hasta la última declaración de otro ministro afirmando que algunos jueces prevarican, el país ha ido aprendiendo que las palabras, cuando se lanzan contra los tribunales, siempre regresan con la gravedad de un boomerang institucional. No hay descalificación inocua cuando procede del poder. No hay frase menor cuando quien la pronuncia representa al Estado. Y no hay democracia madura si la crítica legítima a una resolución judicial se transforma en sospecha generalizada sobre quienes tienen constitucionalmente encomendada la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. España se aproxima al final de una legislatura en la que la justicia ha ocupado un lugar central, pero no siempre por las razones que deberían honrar a un Estado de Derecho. Hubiera sido deseable que el debate público se concentrara en la mejora de los........

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