Primero fue la voluntad de un partido como Acción Popular. Hoy, lo que está en juego es la voluntad de millones de peruanos. Lo ocurrido en la jornada electoral del 12 de abril de 2026 no puede reducirse a un error logístico ni a una cadena de fallas aisladas. Estamos ante un episodio que ha erosionado la confianza en el sistema democrático y que, de no corregirse con firmeza, pone en riesgo incluso la continuidad del modelo económico.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la conducción de Piero Corvetto, no logró garantizar plenamente el derecho al sufragio. Hubo ciudadanos que no pudieron votar, mesas que no se instalaron a tiempo y una organización que, lejos de transmitir certeza, sembró dudas. Esa es una responsabilidad política directa. Pero hay algo aún más grave: decisiones y omisiones que terminaron afectando la participación de organizaciones políticas, entre ellas Acción Popular, debilitando la pluralidad democrática que el sistema debe proteger.

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