Ya sea en su sentido originario de valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 de la Constitución), como en el de institución fundamental del Estado (por otra parte, tan vinculados entre sí), lo cierto es que la Justicia en España atraviesa en estos momentos una situación muy complicada. Lentitud, desorganización, ausencia de medios personales y materiales, descoordinación administrativa, politización… etc. Las culpas están muy repartidas, pero no cabe negar que la responsabilidad del legislador y del Gobierno son mayúsculas, tanto por acción como por omisión.

La reforma es urgente y necesaria, pero no puede realizarse con la precipitación y la falta de rigor que han sido tan frecuentes en el pasado. Se impone un estudio profundo de las medidas, basadas en información objetiva y fidedigna, antes de transitar un camino que puede constituir, ahora sí, la última oportunidad antes del desmoronamiento final de nuestro sistema de Justicia. Cuando todos estos factores se ponen en relación, hay que concluir que la Justicia en España, entendida en el primer sentido del término, como valor básico a perseguir, no sale bien parada. Y lo cierto es que su actual maltrato resulta extraordinariamente preocupante,........

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