La celebración somete a la urbe a una prueba de estrés: no está preparada para garantizar el bienestar vecinal y a la vez su fiesta principal

Si no sabemos a dónde llevarnos el Carnaval y si además hay una cadena de fallos judiciales que dan la razón a los vecinos que pierden horas de sueño por la fiesta, está clarísimo que el urbanismo de esta ciudad ha postergado el interés general en favor de la operaciones especulativas forradas de euros. Un descalabro que nos cae encima con redoble: tampoco tenemos un plan alternativo para acabar a la mayor brevedad posible con el vacío, más allá de llamar a la rebelión vecinal contra una sentencia o anunciar la presentación de un recurso. Una convocatoria con 50 años de vida, pero con un valor etnográfico que se remonta siglos atrás, no puede ser llevada como una tienda de chochos y moscas, sobre todo desde que se ha convertido en una anaconda por cuyo tracto intestinal se disuelven millones y millones. ¿Tenemos que contentarnos con la condena de la trashumancia?

En la mejor tradición de los que levantan la bandera de la falta de perspectiva, o sea, burros con orejeras, en 2010 se tachaba del Plan General de Ordenación (PGO) la posibilidad de levantar en el cauce del barranco de Tamaraceite, a su llegada a El Rincón, el Parque de la Música, proyectado décadas atrás por el arquitecto José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. El interés particular se llevó por delante el colectivo. La paradoja es que ahora, entre lamento y lamento, entre rebuzno y rebuzno, no faltan los que consideran que si este espacio fuese real no estaríamos metidos en un laberinto del que no se sabe bien cómo salir. Aquella geografía residual se tenía que haber rebelado (dispara la candidatura a la Capitalidad Cultural) para el frenesí carnavalero más sensual.

El impulso del Carnaval como hito turístico y cultural, como máquina competitiva y recaudadora, es incompatible con los delirios de grandeza de unos decoradores o diseñadores iluminados, que con toda probabilidad desarrollarán su trabajo con esmero en el ámbito que les corresponde. Pero frente al exceso de narcisismo, un endemismo de la celebración, hace falta mucha planificación y mejor rigor ejecutivo: vigilancia contra las fieras de una grandilocuencia que acaba con la compostura presupuestaria para caer en brazos del derroche y el ombliguismo. Tanto la itinerancia para huir de los vecinos molestos, como la elección fallida de La Isleta para salir del atolladero, demuestran que el evento alrededor del que gira la mayor preocupación municipal -un fiasco puede ser sinónimo de derrota electoral- está cogido con alfileres.

No se puede acusar a los vecinos víctimas del ruido de querer acabar con el carnaval. Ni tampoco es prudente pensar en un pacto global que acoja a todos los afectados para salvar la convivencia y el bienestar colectivo. Nada ni nadie puede garantizar que no haya algún insatisfecho que vaya a los tribunales, con lo que ello supone de cara a una hipotética ansiedad institucional. Si se trata de encontrar a los culpables de esta crisis, no hay que hacerlo señalando a los que toman somníferos y antidepresivos para superar el desgaste de las noches en vela. O en una conspiración cuyos rejos trabajan sin descanso para hundir a Las Palmas de Gran Canaria en la miseria más absoluta y dañina.

Lejos de estas acusaciones con un barniz interesado, también desconsideradas con el derecho al descanso, está otra que atañe a los munícipes que han sido testigos del crecimiento de esta ciudad, pero también de cambios importantes en la oferta del Carnaval, como la introducción de eventos musicales a los que asisten hasta 40.000 persona o una gala Drag que ha envejecido con el tiempo, pese a la significativa ruptura que supuso. Pero los años pasan. La masificación inevitable de una fiesta que dura más de un mes (todo un récord) merece fijar una agenda de prioridades más allá de la provisionalidad o el parcheo. Y una de ellas, sin duda alguna, es buscar una solución urbanística para la fiesta. Una decisión, por otra parte, que por su complejidad es aconsejable que sea pilotada por expertos independientes dada la repercusión de la misma en la movilidad, ocio, descanso, diversión, tradiciones, economía...

El Carnaval no se va a morir por una sentencia que redunda en lo dicho por otros fallos anteriores. La celebración por antonomasia de la capital no va a vivir perseguida por estos sobresaltos, tendrá que buscar una salida para armonizar los derechos. Tampoco va a transferir al horario diurno la programación nocturna, una logística que funciona con el baby boom pero que los milenial y el resto no están dispuestos a aceptar tan fácilmente. El 50º aniversario parece la conmemoración idónea para plantearse la introducción de la racionalidad en el carnaval, una acción, como hemos dicho, que deben ejercitar los actores políticos y técnicos, enfriando la ampulosidad de algunos, seguramente válida en el apartado de la creatividad, como también se dijo. Esta encomienda tiene su raíz en la entrega del testigo que hizo la sociedad civil de La Isleta al Ayuntamiento, conscientes de que la muerte de Franco y el inicio de la Transición abría el melón democrático (y dulce) de la participación ciudadana en su más alto nivel. A la vista está que el compromiso no ha sido atendido con el suficiente esmero, y mucho menos con la visión de futuro de la que si hicieron gala los promotores de aquel Carnaval incipiente.

El aumento demográfico avanza tenaz e invasivo, los ciudadanos son cada vez más exigentes para que se respeten sus derechos, la evolución turística con sus nuevas modalidades de alojamiento vacacional revientan las costuras urbanas, el acercamiento de los barrios es un reto, la diversión descontrolada se infiltra y contagia las tradiciones. La interpretación de los problemas desde una visión global e interdependiente es una de las claves del progreso de las ciudades, sometidas sin pausa y a diario a unas pruebas de estrés de alta exigencia. Las Palmas de Gran Canaria lleva tiempo sin superar el examen con el Carnaval. Y con el fracaso de su sede explosiona plenamente en los rostros de los administrados. Parafraseando a Denise Scott Brown: todo lo que se haga (y no se haga) en urbanismo tiene sus consecuencias.

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