Dos obreros trabajan en la construcción de un edificio de viviendas en la capital grancanaria. / Juan Carlos Castro

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado 9 de marzo un nuevo reglamento regulador del régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública. La norma supone una reforma completa respecto de la regulación anterior. El modelo basado en el sorteo queda sustituido por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios que intentan ser más objetivos, vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes.

El decreto incorpora, además, un refuerzo sustancial de los requisitos de residencia y arraigo. Para poder resultar adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública será necesario ser mayor de edad o menor emancipado, estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y acreditar una residencia en la Comunidad Autónoma de, al menos, doce años de forma ininterrumpida, o quince, en caso de residencia discontinua.

Asimismo, se exigirá residencia o desempeño laboral ininterrumpido durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción, con anterioridad a la publicación del procedimiento de adjudicación. Este requisito no será aplicable a las víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida haya imposibilitado su permanencia en el municipio de residencia habitual, circunstancia que deberá acreditarse conforme a la legislación estatal vigente.

En paralelo, el decreto consolida y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios. Se establece una reserva mínima del 10% del total de viviendas en cada promoción para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, distribuyéndose internamente entre quienes requieren el uso permanente de silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo y quienes presentan limitaciones graves acreditadas, sin necesidad de dichos dispositivos. Además, se fija una reserva mínima del 20% para jóvenes de hasta 35 años, del 10% para personas de 65 o más años y del 8% para víctimas de violencia de género,........

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