El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pronunció en Bogotá un discurso sobre el “nuevo modelo de salud” que se proponía aplicar el Gobierno para el magisterio y sus familias. Fue en febrero del 2024. Al anunciarlo, hizo una pregunta astuta dirigida a ganarse al auditorio: “¿Ustedes prefieren ser atendidos en la clínica Valle de Lili o en la Rey David?”. Entre aplausos y vítores, la mayoría de asistentes respondió según lo esperado: queremos la clínica privada con reputación de prestar buena atención y buenos servicios.

Después de la euforia vinieron preguntas sensatas de una parte del auditorio que no estaba convencido de lo que escuchaba. Alguien preguntó cuánto valdría el nuevo modelo, cómo haría la Fiduprevisora para asumir la contratación y cómo iba a ser la transición. Hubo muchos más cuestionamientos, ninguno fue atendido. El ministro se limitó a anunciar que el primero de mayo el “modelo” entraba en vigencia, sí o sí.

¿Qué fue realmente lo que cambió? En primer lugar, el Gobierno, montado en el desprestigio de los operadores, que evidentemente presentaban serias irregularidades y fundados cuestionamientos, reemplazó la invitación pública en el marco de la Ley 80 de 1993 a la contratación directa, a dedo, que no garantiza condiciones mínimas de atención, facilita la corrupción y favorece la politiquería.

Fue así como irrumpieron los cuestionados, fantasmales e improvisados gestores farmacéuticos. A renglón seguido el Gobierno le atribuyó a la Fiduprevisora funciones de EPS para firmar contratos y hacer pagos a prestadores. Con participación estatal del 99%, la entidad asumió la masiva contratación nacional, algo que ha desembocado en que, a la fecha, haya ausencia de servicios clave, se interrumpa la atención y se presenten problemas con el pago. Todo lo anterior, sumado a otros aspectos, ha traído consecuencias negativas. El malestar del magisterio y sus familias no es infundado y se empeora con datos: en septiembre del 2025 el Fomag trasladó aproximadamente $1,2 billones de pensiones y cesantías para cubrir el déficit del sistema de salud. El panorama para el 2026 es también negativo. Hay un faltante superior a $1,57 billones que compromete la atención médica y que llevó a reducir el 26,96% en contratos de servicios médicos y complementarios. A la par, creció la burocracia: en la Organización y Administración del Modelo de Salud un +37,02, en el Personal en misión +26,18% y en Otros servicios y Contact Center +129,67.

La situación no responde a algo pasajero. Son fallas de fondo en el diseño y funcionamiento con el propósito de dar un golpe al régimen exceptuado. Se están prestando servicios sin soporte financiero, se reduce inversión en atención directa y, al mismo tiempo, crece el gasto administrativo. El resultado termina afectando la garantía del derecho a la salud del magisterio y sus familias.

Y sí, podrá ser mejor ser rico que pobre como dijo el gran Kid Pambelé y será mejor la Valle de Lilí que la Rey David. El caso es que esa frase fue parte de la carnada para morder el anzuelo del desastre. Y no olvidar que el presidente Petro afirmó el 29 de marzo del 2024: “Comenzamos a construir el nuevo modelo de salud con las maestras y maestros”. Y ahí vamos, empeorando lo malo: todo un mérito.

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