En campaña presidencial hay silencios que dicen más que mil discursos. Y uno de ellos es la ausencia de debates. No como accidente, sino como estrategia. No como excepción, sino como práctica. Ese vacío debería preocuparnos más de lo que parece.Porque los debates no son un espectáculo opcional ni un gesto de cortesía entre candidatos. Son, en esencia, un derecho de los ciudadanos. En una democracia seria, los electores no solo votan: comparan, contrastan, cuestionan. Y para eso necesitan ver a quienes aspiran al poder confrontar ideas en condiciones abiertas, simétricas y públicas.En la mayoría de países, es cierto, los debates no están escritos en piedra como una obligación jurídica. En Estados Unidos, candidatos como Donald Trump o Joe Biden no deciden discrecionalmente si debatir o no: la presión pública y mediática los obliga. En Francia, figuras como Emmanuel Macron y Marine Le Pen han debido enfrentarse en segunda vuelta. En México, el Instituto Nacional Electoral convoca debates que hacen parte del proceso. Cambian las reglas, pero no el fondo: ningún candidato relevante puede rehuirlos sin pagar un costo político alto.Colombia, en cambio, parece resignarse a lo contrario: a que los debates dependan del cálculo de conveniencia de cada campaña. Si voy, es porque me suma; si no voy, es porque me resta. Así, lo que debería ser una garantía democrática termina reducido a un capricho estratégico. Y eso empobrece la deliberación pública.Más preocupante aún es cuando esa ausencia se combina con una práctica política igualmente dañina: descalificar selectivamente a los contendores para reducir el campo de discusión. La estrategia del candidato de izquierda Iván Cepeda apunta en esa dirección: confrontar con la derecha -con figuras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella- mientras minimiza o deslegitima opciones de centro y centroizquierda como Sergio Fajardo o Claudia López. Convertir la elección en un duelo conveniente puede ser eficaz electoralmente, pero empobrece la conversación democrática.La democracia no se fortalece cuando se simplifica el mapa político; se debilita cuando se le niega a los ciudadanos la posibilidad de comparar matices. Rehuir el debate amplio puede ser rentable en el corto plazo, pero tiene un costo más profundo: un elector que no puede ver a los candidatos discutir entre sí decide con menos información, con más prejuicio y con menor capacidad de exigir coherencia.Por eso, más que preguntarnos quién quiere o no quiere debatir, deberíamos plantear una exigencia más clara: que los debates presidenciales dejen de ser un asunto discrecional y pasen a ser parte del estándar institucional del proceso electoral. No como formalismo, sino como garantía real de deliberación pública.Al final, la cuestión es simple: quien aspira a gobernar un país debería estar dispuesto a confrontar sus ideas frente a todos, no solo frente a quienes le conviene. Porque cuando un candidato escoge a sus contradictores, deja de hacer política y empieza a hacer cálculos. Y cuando una democracia acepta ese juego, deja de deliberar y empieza a conformarse.

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