La autorización del porte de armas para permitirle a la «ciudadanía respetuosa de la ley» defender su vida e integridad frente a la criminalidad, y la justicia por mano propia, representan dos conceptos jurídicos y sociales radicalmente opuestos dentro del Estado de derecho, ya que la primera es una potestad delegada por el Estado y la segunda constituye una conducta punible.En el ordenamiento jurídico colombiano, donde las armas son de propiedad exclusiva del Estado, su porte o tenencia por particulares no es un derecho fundamental; es una excepción reglamentada y un acto administrativo de carácter excepcional, condicionado a la idoneidad psicológica, los antecedentes, la capacitación y la evaluación del riesgo para la expedición de un salvoconducto.Incluso en........

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