En Colombia asistimos a un momento que, en apariencia, marca un punto de inflexión. La reciente reforma a la Ley 30 de 1992, que redefine el esquema de financiación de la educación superior, ha sido presentada como la “saldación” de la deuda histórica con las universidades públicas. Ajustar los recursos a los costos reales del sistema no es un detalle técnico menor; constituye un avance necesario para garantizar sostenibilidad, calidad y proyección territorial. Sin embargo, entre la reforma y la realidad persiste una tensión que no puede ser ignorada ya que, el problema de la universidad pública no es únicamente financiero; la persistencia de condiciones laborales precarias para un número significativo de docentes evidencia una fractura profunda entre el diseño de la política y su implementación. Esta tensión no es nueva. En el 2018, en mi columna La universidad pública clama por el apoyo de la sociedad civil........

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