Con el argumento expuesto por Petro para justificar la destinación de $10 mil millones de dineros públicos para su defensa personal y de su círculo familiar ante su inclusión en la lista Clinton por parte de Estados Unidos, manifestando que “tiene derecho a su defensa como servidor público” cuestiono si podría abrirse un antecedente en caso de que las autoridades de control fiscal y constitucional así lo admitan. Si se estima que Colombia cuenta entre 1,3 y 1,4 millones de personas que desempeñan funciones al servicio del Estado, se deduce que un derecho invocado por quien ocupa la primera magistratura para defenderse por sus líos judiciales, mientras desempeña sus funciones, a lo mejor también podría ser invocado por cualquiera de ellos, generando un boquete grande........

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