El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que pertenecen a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó a Larry Devoe como Fiscal General de la República y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Ambos nombramientos fueron aprobados con 275 votos de la aplanadora oficialista. La pregunta no es quiénes son. La pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos es qué representan.

Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, fue llevado ante la justicia norteamericana, el régimen que ahora conduce Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de transición institucional. Han renunciado figuras comprometidas, han anunciado amnistías, han hablado de un «nuevo momento político». Pero cuando se observa con detenimiento quiénes ocupan los espacios liberados, la conclusión es inapelable: no estamos ante un cambio, sino ante una continuidad con otras máscaras. No es transición; es simulación.

El Fiscal que no llegó a investigar, sino a justificar

Larry Devoe no es un fiscal de carrera. No tiene trayectoria como investigador penal ni como litigante independiente dentro del Ministerio Público. Su currículo es el de un operador político al servicio del régimen. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014 —cargo desde el cual ignoró y se burló, en palabras del diputado Juan Pablo Guanipa, de miles de venezolanos torturados—; fue representante del Estado venezolano ante la CIDH, donde negó sistemáticamente la existencia de presos políticos y contribuyó a la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013; fue asesor jurídico de la Vicepresidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, acumulando cargo tras cargo al servicio de una estructura de poder que hoy pretende presentarlo como garante de la justicia.

La ONG Provea lo definió con precisión:........

© La Patilla