El 1 de agosto se instalará en Venezuela una comisión integrada por veinte parlamentarios: diez designados por la Asamblea Nacional electa en 2015 y diez por la asamblea instalada en 2025. Sus voceros han anunciado que la agenda abordará dos materias: la electoral y la de justicia. Sobre la primera existe un camino conocido —reconstruir el Consejo Nacional Electoral, actualizar el registro, incorporar a los votantes dentro y fuera del país—, con plazos que, como admitió ante el Senado de los Estados Unidos el subsecretario Michael Kozak, no serán de pocos meses. Sobre la segunda, casi todo está por definirse. Y ese silencio es peligroso, porque la justicia será el árbitro de todo lo demás: de las controversias de la propia elección, de los contratos de la reconstrucción, de la libertad de los perseguidos y de los derechos del ciudadano común.

Conviene partir de los hechos, que están abundantemente demostrados. El artículo 255 de la Constitución de 1999 ordena que el ingreso y el ascenso en la carrera judicial se realicen por concursos públicos de oposición, precisamente para garantizar la independencia e inamovilidad de los jueces. Ese mandato lleva veintisiete años incumplido: menos del quince por ciento de los jueces ha sido designado conforme al procedimiento constitucional, y hasta el ochenta y cinco por ciento de la judicatura es provisoria, temporal o accidental. Un juez removible de plano, sin causa ni procedimiento, no es libre para decidir conforme a derecho: queda sometido al control de quien lo designa, sea político, económico, personal o de otra índole.

La verificación internacional es unánime: el World Justice Project sitúa a Venezuela en el último lugar del mundo en Estado de Derecho; la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU alertó en marzo........

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