“La muerte en custodia es la forma más abyecta y absoluta de indefensión. Allí no existe fuga posible, ni refugio, ni defensa propia. El detenido vive porque el Estado decide protegerlo y muere cuando ese mismo Estado incumple deliberadamente su deber”

Hablamos de una tragedia convertida en patrón. Pero Venezuela no ha dejado de registrar los hechos. Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado durante más de una década un patrón continuo de muertes bajo custodia, muchas asociadas a torturas, enfermedades no atendidas o ausencia deliberada de asistencia médica.

Ni Dictadura ni reyerta alguna se atrevió a tanto en Venezuela en materia de torturas, ajusticiamientos o muertes en custodia. Ni Gómez con su Rotunda, Castillo Libertador en Puerto Cabello o el Castillo de San Carlos de Borromeo o Pérez Jiménez con su Cárcel Modelo de Caracas, la Isla Guasina o las sedes policiales de la Seguridad Nacional, hicieron tanto daño como el que se ha evidenciado en El Helicoide, el SEBIN [La Tumba]; DGCIM; Yare, Rodeo, Tocuyito, Tocorón, El Marite, Fénix, Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y en todas sus versiones de muerte y dolor del régimen. Habría que hacer un censo para saber si en la historia de Latinoamérica han existido estadísticas tan horrendas, incluyendo gobiernos autoritarios.

Una tragedia que tiene nombre, apellido y verdades. Porque estas incidencias han sido reportadas ante la Corte Penal Internacional [CPI], esto es, ante el Despacho de la Oficina del Fiscal, funcionario titular [Karim Khan] -quien por cierto hace horas fue destituido de su cargo-y cuyo [mal] desempeño también comporta otra tragedia para las víctimas y para la justicia.

Sin duda—hay que decirlo—la impunidad acumulada es también causa colateral de estas muertes en custodia y otros crímenes de lesa humanidad. Y una excusa de la CPI—en tiempos de modernidad y mucha tecnología—de que miles de incidencias no habrían sido verificadas por falta de soporte técnico, personal o tiempo, por la acumulación de miles de denuncias, no es una respuesta que escuda sino evidencia que compromete. Flagrancia recurrente mata formalismos procesales.

Nos corresponde ahora compartir esta realidad para reforzar-una vez más-la importancia que significa:#quehayajusticiaenLaHaya.

Venezolanos que han fallecido en custodia.

Entre los casos más emblemáticos figuran: Rodolfo González (“El Aviador”) (2015); Carlos Andrés García (2017); Rafael Arreaza Soto (2017); Fernando Albán (2018); Nelson Martínez (2018); Virgilio Jiménez Urbina (2019); Ángel Javier Sequera Romero (2019); Elwin Mendoza (2019); Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019); Wilfredo José Heredia Rodríguez (2020); Luis Armando Monsalve Estaba (2020); Pedro Pablo Santana (2020);Salvador Franco, indígena pemón (2021); Gabriel Andrés Medina Díaz (2021); General Raúl Isaías Baduel (2021); Armando Flores Piñango (2022); Leoner Azuaje Urrea (2023); Juan Manuel Almeida Morgado (2023); Marino Lugo Aguilar (2024); Jesús Manuel Martínez Medina (2024); Jesús Rafael Álvarez (2024); Oswal Alexander González Pérez (2024); Reinaldo Araujo (2025); Lindomar Jesús Amaro Bustamante (2025); Alfredo Javier Díaz Figueroa (2025); Edison José Torres Fernández (2026); Víctor Hugo Quero Navas (caso reportado en 2026).

A esta relación deben añadirse decenas de fallecidos durante 2026 en establecimientos penitenciarios y centros policiales, que forman parte de la incidencia recientemente presentada ante la CPI; entre ellos: Antonio José Manzano; Edison José Torres; Deivi Enrique García, Ovidio Madriz Mendoza; José Ramón Yelamo, Fabiana Páez Fernández; José Gregorio Mendoza Guzmán, Alberto Solarte Cabrera y otros detenidos cuya muerte ocurrió en cárceles como Yare III, Rodeo III, Tocuyito,........

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