“La lista de muertos en custodia en Venezuela es larga y dolorosa. Muchas de esas muertes han ocurrido precedidas de graves torturas, desatención médica, tratos crueles y degradantes. Heridas y sufrimientos evidenciados en la propia audiencia frente al juez”

Cuando el Estado se convierte en el verdugo de quienes debía proteger, es un estado ausente. En ese momento cesa la obediencia a las instituciones, la violencia se legitima [dixit Thomas Jefferson, cuando un gobierno se vuelve destructivo de los derechos inalienables] y la justicia deja de ser un instrumento de paz para ser un peligroso instrumento de criminalización. reprochable.

Esa es la importancia de la Justicia Penal Internacional. Cuando los Estados no cumplen el deber de prevenir y proteger a sus ciudadanos de graves crímenes contra la humanidad y violación de los DDFHH, la única instancia que queda para amparar a víctimas indefensas, son las jurisdicciones de práctica universal. Eliminarlas, debilitarlas o desmantelarlas es un grave error. Es dejar más indefensos a los “que no pueden defenderse’.

Sin embargo, que las Cortes responsables de hacer justicia internacional como la Corte Penal Internacional [CPI] no lo hagan, no es tolerable. El problema no es el continente [la ley] sino el contenido [los hombres y sus perversiones].

Denuncias ante la CPI: Justicia vs. Impunidad

La civilización no se mide por la grandeza de sus ejércitos ni por la riqueza de sus naciones, sino por la forma como trata a quienes no pueden defenderse[…] “Como trata a quienes están en el amanecer de la vida (los niños); en el ocaso de la vida (los ancianos) o en las sombras de ella (los enfermos, los necesitados, los incapacitados)” (Hubert Humphrey).

Es lapidario lo que nos aporta Fiódor Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus prisioneros”. Humillar a un prisionero, toca la fibra más profunda de la dignidad y devela la miseria más ruin de un gobierno. Mandela decía que si realmente quieres conocer una nación, visita sus cárceles.

Pocas expresiones del poder resultan tan degradantes como la muerte de una persona bajo custodia del Estado. Cuando un ciudadano pierde la libertad, el Estado asume íntegramente el deber jurídico y moral de preservar su vida, garantizar su integridad física, proteger su salud y asegurarle un debido proceso. Desde ese instante desaparece cualquier excusa.

El detenido no dispone de su autonomía ni puede procurarse alimentos, medicinas o asistencia médica. Todo depende de la autoridad que lo tiene recluido. Cuando un preso muere en una cárcel, un calabozo policial o un centro de inteligencia, no se trata únicamente de una tragedia individual: constituye el fracaso absoluto del Estado de Derecho y en determinadas circunstancias puede configurar un crimen de lesa humanidad.

Hoy el Derecho Penal internacional adquiere una dramática actualidad en Venezuela. Durante años la comunidad internacional ha documentado un patrón persistente de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, negación deliberada de atención médica y fallecimientos de personas privadas de libertad, tanto por razones políticas como comunes.

La acumulación de estos hechos no puede interpretarse como la suma de episodios aislados. Revela la existencia de una política de abandono institucional que por sistemática o generalizada, trasciende la esfera de las violaciones de DDHH y se convierte en crimen contra la........

© La Patilla