El escenario político venezolano actual se encuentra en un punto de profunda complejidad institucional que exige soluciones extraordinarias y de alto nivel. A lo largo de los últimos años, los procesos electorales en nuestro país han estado marcados por una alarmante y progresiva abstención, motivada por la falta de garantías claras para los actores políticos. Diversas organizaciones políticas con arraigo social legítimo optaron por no participar en contiendas como las de los años 2018 y 2020 ante la evidente ausencia de condiciones competitivas equitativas. Esta postura de resistencia pacífica y de principios constitucionales, lejos de ser evaluada bajo una óptica democrática, trajo como consecuencia una oleada de sanciones administrativas severas.

Entre las consecuencias más graves de este proceso se encuentra la cancelación de las facultades de postulación para un importante grupo de partidos, argumentando el desuso de la tarjeta o la falta de renovación. Sin embargo, estas medidas adolecen de un vicio de nulidad absoluta a la luz del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Dicho estamento establece taxativamente que ninguna revocatoria o cancelación de inscripción podrá acordarse sin la previa citación formal de la organización afectada. La norma obliga al ente rector a otorgar un lapso de treinta días para ejercer el derecho a la defensa, presentar pruebas y exponer alegatos ante las autoridades.

Al omitirse este procedimiento obligatorio y ejecutar cancelaciones exprés sin notificación ni citación previa, el organismo electoral actuó completamente al margen de la legalidad vigente. De esta forma, se transformó un trámite estrictamente administrativo en una inhabilitación........

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