Delcy Rodríguez ya se sabe en campaña electoral. Las expectativas creadas con el regreso de María Corina Machado dejan poco espacio a las evasivas sobre la convocatoria de elecciones. Consciente de que no tiene de otra, se lanzó al ruedo arrogándose la capacidad de resolver problemas que, como vicepresidente de Maduro, contribuyó a crear. Vendrían, para el próximo año, cuatro ajustes salariales, inversiones y la recuperación de servicios públicos. Pongamos en perspectiva estas promesas.

La recuperación parte prácticamente de cero.

Lo primero que hay que constatar ante éstas u otras ofertas, es que Venezuela, arrasada por más de un cuarto de siglo de expoliación chavista, parte de cero. De estar entre los latinoamericanos más prósperos en la segunda mitad del siglo XX, hoy compartimos el sótano junto a Haití, Nicaragua y Honduras. Como objetivo central de política se impone el desarrollo acelerado de nuestras fuerzas productivas para atender la emergencia humanitaria compleja, generar empleo productivo cada vez mejor remunerado, recuperar los servicios públicos y garantizar las libertades para incentivar la iniciativa privada, atraer capital extranjero y estimular el aporte de todos los venezolanos, incluyendo a quienes, hoy, integran la diáspora. Debe enmarcarse en una economía de mercado con estabilidad de precios, tipo de cambio competitivo, y con un Estado dedicado a proveer bienes públicos y políticas sociales que respondan a los criterios de justicia social imperantes en el país. Requiere, como tanto se ha insistido, instituciones sólidas y eficientes que las sustenten. Su degradación y desmantelamiento durante los últimos 27 años, obliga a una reforma integral del Estado venezolano. Entre otras cosas, significa privatizar empresas convertidas en desaguadero de recursos públicos y fuente de corruptelas, sanear las cuentas públicas, remunerar mejor a los empleados públicos con criterios de meritocracia, asegurar la calidad y cobertura de los servicios públicos, y dotar a las dependencias públicas para que puedan cumplir con sus funciones y para que contribuyan a fomentar la reactivación de la economía.

El imperativo de reestructurar la deuda pública externa

Tales reformas demandan dinero que el país no posee. Tampoco puede obtenerlos con financiamiento externo, al estar en default desde 2017 y pesar sobre él una deuda imposible de pagar, dada la caída en la exportación de crudo. Por tanto, el Estado está obligado a recuperar su acceso a los mercados financieros internacionales, y ello sólo ocurrirá si logra reestructurar su deuda pública externa.

Distintas estimaciones sitúan su valor (nominal) en más del doble del PIB venezolano y seis veces el monto de sus exportaciones de 2025. La diversidad de pasivos financieros en juego, las condiciones disímiles de su concertación y dudas sobre su legitimidad o legalidad, hacen que la reestructuración sea muy compleja. Requiere, además, la dispensa de la licencia 58 de la OFAC para transar papeles de deuda. Debe evitar ser vehículo para corruptelas y/u operaciones de lavado de dinero para no dar pie a reclamos judiciales........

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