La nueva apertura petrolera venezolana, la 2.0, pretende presentarse como el comienzo de una nueva etapa: regreso de la inversión privada, capital extranjero, participación de empresas estadounidenses y europeas, recuperación de la producción y, sobre todo, seguridad jurídica.

Pero una operación que involucra a una Pyme de California y a los antiguos socios privados de Petrodelta plantea una pregunta incómoda pero pertinente que el nuevo modelo petrolero venezolano tendrá que responder:

¿Seguridad jurídica para quién?

El caso me es particularmente relevante porque ocurre en momentos en que Venezuela busca reconstruir su industria energética bajo una fuerte influencia de Estados Unidos y atraer nuevamente miles de millones de dólares de capital internacional.

La muy pequeña compañía estadounidense involucrada es Pacific Coast Energy Company (PCEC), una productora independiente con experiencia en campos maduros y crudos pesados en California.

Una estimación razonable de los ingresos brutos provenientes de su producción podría estar aproximadamente entre USD 35 y 45 millones anuales, dependiendo fundamentalmente del volumen realmente atribuible a PCEC y del precio realizado

Su escala en Estados Unidos es mínima frente a gigantes como Chevron, ExxonMobil o ConocoPhillips, pero ahora está dando un salto extraordinario: operar activos petroleros venezolanos que anteriormente estaban en manos de Petrodelta.

Y es precisamente allí donde comienza el problema.

De Petrodelta a PCEC

Petrodelta era una empresa mixta en la que Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenía el 60% y DP Delta Finance B.V., vinculada a la familia del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros, y a otros empresarios locales, el 40%.

La empresa tenía derechos sobre seis campos petroleros del oriente venezolano: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Según la familia Cisneros, esos derechos contractuales se extendían hasta 2042.

Sin embargo, en 2026 el gobierno interino venezolano inició un procedimiento administrativo contra Petrodelta y posteriormente revocó los derechos de DP Delta. La explicación oficial se relaciona con supuestos incumplimientos de “obligaciones financieras, de inversión e infraestructura”.

Los representantes de DP Delta rechazan esa versión. Sostienen que los incumplimientos fueron alegados sin que la empresa tuviera una oportunidad adecuada para defenderse y cuestionan la legalidad del procedimiento.

No corresponde afirmar, sin una decisión judicial que lo determine, que la revocación haya sido ilegal. Pero sí corresponde formular una pregunta central: ¿fue transparente y garantista el procedimiento mediante el cual unos derechos petroleros fueron revocados y posteriormente reasignados?

La pregunta adquiere todavía mayor relevancia por la rapidez con la que apareció el nuevo operador.

La cronología que llama la atención

Según información publicada por The Wall Street Journal, ejecutivos de PCEC visitaron las instalaciones de Petrodelta en Maturín en abril, mientras avanzaban conversaciones entre la compañía........

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