La nación venezolana vive horas de angustia, de expectativa y, en muchos casos, ya de desesperanza.

La decisión de la cúpula usurpadora del poder, a través del triunvirato en funciones de gobierno, de desconocer el orden constitucional y evadir el mandato expreso del artículo 233 de la Constitución, que establece la obligación de convocar elecciones presidenciales en un lapso de 30 días siguientes a la consumación de la vacante absoluta de la primera magistratura de la República, constituye una afrenta a la conciencia política, democrática y jurídica de nuestro país.

La junta de gobierno en funciones, integrada por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, solo se sostiene por detentar el control de las armas de la República y por el plácet que le ha concedido el Gobierno de los Estados Unidos de América. Esa junta de gobierno carece de toda legalidad y legitimidad. Su causahabiente, el dictador Nicolás Maduro, con la cooperación de ellos y de otros agentes del poder, dio el golpe de Estado a la soberanía popular el 28 de julio de 2024.

De modo que, más allá de la ilegitimidad de origen, está la ilegalidad de su desempeño. Nadie los ha elegido para gobernar la República. Por lo tanto, el deber ser no es otro que su salida inmediata de Miraflores, para proceder a legitimar con el voto ciudadano el Gobierno nacional mediante la elección inmediata de la Presidencia de la República.

Ciertamente, las demás ramas y niveles del poder público están viciados de ilegitimidad e ilegalidad. Pero la que está siendo ejercida de la forma más escandalosamente ilegítima es la Presidencia de la República.

Mientras los ciudadanos se consumen en un mar de........

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