El derecho a seguir viviendo, aunque sea sin vivienda. Ese es el clamor de miles de ciudadanos venezolanos atenazados por los efectos de la catástrofe que sacudió a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio. El inventario de fallecidos nos deja un frío en el alma, el número de heridos es alarmantemente alto y, a ese dolor, se suma la descomunal y espeluznante cifra de más de 60 mil desaparecidos.

Como advertimos en nuestra crónica anterior, los sucesos naturales, como los terremotos, son inevitables, pero lo que sí es perfectamente evitable es la improvisación. O algo aún más penoso y reprochable: la absoluta falta de previsión. La dolorosa realidad es que en Venezuela desmantelaron los instrumentos técnicos y los grupos de élite que debieron cumplir labores inmediatas de rescate. De haber estado activos, habrían permitido al país reaccionar con protocolos, códigos y acciones preventivas eficaces, en lugar de reducirnos a un Estado meramente reactivo ante la furia de los dos terremotos que nos zarandearon ese día.

Los análisis compartidos recientemente por el Dr. Raúl Esteves, geofísico de la Universidad de Los Andes (ULA), certifican la magnitud de la desidia, la irresponsabilidad y la pésima gestión pública: de las 300 estaciones de monitoreo sísmico que funcionaban en el país, hoy solo están operando cuatro. Un ejemplo patético es el estado Mérida, que contaba con 25 estaciones dirigidas por 14 profesores especialistas de la ULA; actualmente, todas están fuera de servicio.

Un país sin instituciones solventes, donde el Estado de derecho desapareció, donde violar los derechos........

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