Con la expedición de la Ley 388 de 1997, hace casi 30 años, el país decidió que el suelo no podía seguir siendo únicamente el soporte pasivo de procesos de urbanización que se desarrollan a la deriva. Desde entonces, los municipios deben diseñar sus instrumentos de ordenamiento territorial, instrumentos de gestión, mecanismos de financiación, normas urbanísticas y herramientas técnicas suficientes, al menos en el papel, para decidir qué ciudad quieren construir de acuerdo con su geografía, atributos naturales, riesgos y forma en que han evolucionado. Tres décadas después, basta recorrer las ciudades para comprobar que entre el territorio imaginado y el construido hay una distancia que no han conseguido concretar ni la norma ni los planos. La esperanza de ordenar el territorio se quedó en documentos, cartografía y palabras.

Términos como “modelo de ocupación, estructura ecológica, espacio público, movilidad, vivienda, y........

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