José María Aznar en Feria valencia / L.O.

Por algo se les conoce popularmente como "fondos buitre". El último caso, ocurrido la semana pasada, ha sido el de Antonia en Alcantarilla: una mujer de baja por enfermedad con dos hijos, una hija que recibe una pensión por incapacidad permanente y un hijo estudiante que acaba de terminar un ciclo de Formación Profesional.

A consecuencia de la crisis de 2008 tuvieron que entregar su vivienda al Banco Sabadell mediante dación en pago de la hipoteca a cambio de un alquiler social. Ahora, Promontoria Coliseum, filial española de Cerberus Capital Management —fondo buitre que en España representa José María Aznar Botella—, pretende desahuciarlos y se niega a renovar el alquiler social que Antonia y su familia venían pagando para poder continuar en su casa.

Gracias a la movilización social liderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Antonia y su familia han conseguido un mes más de plazo para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. No obstante, la amenaza del desahucio sigue pesando sobre sus cabezas.

No es un caso aislado. Unas semanas antes, en Beniel, otra familia vulnerable sufría la amenaza del desahucio a manos de otro fondo buitre, esta vez vinculado a La Caixa. De nuevo la movilización ciudadana, con la PAH al frente, paralizó el intento. Antes fue en Espinardo, en el barrio de La Fama de la capital, en Ajucer y así una larga lista que no parece tener fin.

Son, quizá, la cara más amarga y trágica de tantos años de políticas que han convertido la vivienda en un bien de mercado sometido, además, a una especulación sin trabas orientada a alimentar un negocio en el que todos ganan —bancos, fondos de inversión o la patronal de la construcción—, todos excepto la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que la necesitan simplemente para vivir.

En este contexto, conviene volver a recalcar —hasta que el mensaje se repita de manera automática en todas las conciencias— que el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho consagrado en la Constitución Española (art. 47), y que los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo.

Los legisladores constitucionalistas ya previeron el peligro que acecha al cumplimiento de este derecho, derivado de la especulación con los precios de la vivienda. Por ello, en el mismo artículo proponía la solución: regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, lo que equivale a decir suelo público para vivienda pública. Y añade, finalmente, que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Vayan tomando nota algunos dirigentes políticos autoproclamados "constitucionalistas", que suspenderían estrepitosamente un examen elemental sobre el contenido de la Constitución.

Sin embargo, en el caso del Gobierno del PP parece que López Miras no ha entendido muy bien el mensaje, a tenor de los siguientes tres ejemplos. En primer lugar, en la última década el Gobierno regional solo ha certificado 23 viviendas de promoción pública y 292 VPO de promoción privada.

En segundo lugar, su participación presupuestaria en los dos últimos Planes Estatales de Acceso a la Vivienda ha pasado de aportar 17,6 millones de euros en el PEAV 2018-2022 a aportar 6,3 millones en el Plan 2022-2025.

Y, en tercer lugar, la Ley de Vivienda de la Región de Murcia lleva diez años anclada en la falta de desarrollo reglamentario. Esta situación inutiliza medidas como el establecimiento de convenios con grandes tenedores, por los que estos estarían obligados a ofrecer a los afectados por un desahucio una propuesta de alquiler social si afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial.

Ya que tu partido, Fernando, aliado con las derechas más reaccionarias, ha hecho decaer en el Congreso el escudo social que protege de los desahucios a las familias vulnerables, haz los deberes, al menos, en Murcia.

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