Curiosa manera de invocar consensos la del PP, en este caso en torno a la financiación local y autonómica: promueven el debate en la Asamblea Regional a través de una moción sobre financiación local y, cuando reciben enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos parlamentarios, la retiran, no sin antes haber agotado su intervención en la tribuna, dejando sin posibilidad de réplica al resto.

El argumento para retirar la moción, eliminando así la posibilidad de debate, fue que, en la votación de la misma y de las correspondientes enmiendas, habría votos contrarios cruzados de tal manera que, finalmente, no se aprobaría ninguna de ellas.

El PP sigue sin entender que, para alcanzar consensos, se necesitan procesos en los que lo que realmente importa es el punto de llegada y no el de partida, por muy diferente que este sea. Precisamente de eso se trata: de acercar posturas inicialmente distantes.

Pero, además, en la materia que nos ocupa -la de la financiación local y autonómica- el PP tiene tal cantidad de contradicciones entre lo que dice y lo que hace que es imposible reconocerle una propuesta o un discurso coherente.

La primera y fundamental es que, en todo el texto de la moción, no hay ni una sola mención al artículo 142 de la Constitución Española en el que se establece que las Haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la Región de Murcia todavía carece de una ley o normativa autonómica que regule dicha participación. Es más, el Gobierno regional financia a los ayuntamientos fundamentalmente a través de subvenciones en régimen competitivo o convenios y subvenciones directas que financian determinados programas y servicios.

En conjunto, el dinero que llega de los presupuestos de la CARM a los distintos ayuntamientos de la Región apenas sobrepasa el 50% de los 343 millones que ha recibido el Gobierno regional del Sistema de Financiación Provincial, al haber absorbido la totalidad de las competencias de la extinta Diputación Provincial, cuyo presupuesto se destinaba casi en su totalidad a financiar políticas locales.

Pero, además, el Gobierno de López Miras todavía no ha revertido recortes presupuestarios en programas de gasto destinados a los ayuntamientos desde 2012. Es el caso, por ejemplo, del Plan de Cooperación Local, que en 2010 alcanzó más de 54 millones de euros y que hoy apenas sobrepasa los 17 millones.

La segunda gran ausencia del texto propositivo del PP es que olvida que fue el gobierno de Rajoy el que aprobó la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que recortó competencias y la autonomía financiera de las entidades locales; ley que, por cierto, todavía sigue vigente.

Aún hoy sigue muy presente la queja de muchos ayuntamientos para que se eliminen las restricciones al uso de los remanentes de tesorería que impuso la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que obliga a usar los ahorros presupuestarios o remanentes positivos en la reducción de deuda, aunque esta se estuviera pagando puntualmente en los plazos establecidos, en lugar de invertirlos en servicios para sus ciudadanos y ciudadanas.

Este es el marco que hay que superar para mejorar la financiación local, añadiendo, por supuesto, una mayor participación en los tributos estatales. Y todo ello, junto con la mejora de la financiación autonómica pasa por una reforma fiscal profunda que introduzca, entre otras medidas, un impuesto a las grandes fortunas, la eliminación de las bonificaciones al impuesto de sucesiones a las herencias superiores al millón de euros y que las grandes empresas tributen por el impuesto de sociedades tanto como las pymes; mientras las primeras pagan un tipo real cercano al tipo nominal (25%), las segundas se mueven en torno al 10%.

Así que establezcamos primero las bases del consenso, Fernando. Estas son las nuestras, ligadas, además, a cualquier reforma de la financiación autonómica.

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