El juez Peinado y el abogado Jaime Campaner / Nacho García

El azar y el guirigay de la instrucción de la causa contra Begoña Gómez le han jugado una mala pasada al juez instructor Juan Carlos Peinado, quien cogió vacaciones el pasado miércoles 9, hasta el 18 de septiembre, antes de jubilarse el próximo 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Era previsible que, antes de salir de viaje, diera a conocer el auto de apertura de juicio oral, que se suele notificar "concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes", según el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ).

Pero, si no ha sido así, es porque el caos de la instrucción y la politización han contribuido a que la acusación popular (Hazte Oír) ratificara en la audiencia preliminar su escrito de conclusiones provisionales, ya presentado con anterioridad. Y aquí esta la crisis sobrevenida.

Según la ley, ese escrito debe presentar los hechos punibles del sumario. A diferencia de un procedimiento ordinario, esos hechos deben ser puros y duros, numerados de forma clara y cronológica.

No se trata de un tema formal. El fundamento es que, cuando sea designado en la Audiencia de Madrid, el magistrado-presidente del tribunal utilizará esos párrafos exactos para redactar la pieza clave, el auto de hechos justiciables, y, con posterioridad, el objeto del veredicto, que votarán los nueve jurados integrantes del tribunal.

Un noventa por ciento de los juicios con tribunal de jurado tienen como objeto asesinatos y robos. Por ello, la ley es muy clara al exigir datos factuales precisos: el acusado cogió el arma o el acusado disparó a la víctima.

El hecho es que, en este caso, se están imputando un delito de malversación y otro de tráfico de influencias que, si bien figuran dentro de su competencia, nunca suelen ser, por su complejidad, objeto........

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