Mark Carney, el primer ministro de Canadá cuyo discurso fue muy aplaudido en Davos, ha dicho que «la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es un fracaso del orden internacional porque se ha actuado sin el aval de las Naciones Unidas y sin consultar a los aliados». Habría que añadir que sin la aprobación del Congreso americano.

Pero el conflicto está ahí. Trump ha empezado la guerra contra Irán siguiendo su teoría de que la paz (al menos su paz) no se logra en las instituciones mundiales sino con la fuerza. O exhibiéndola. Lo hizo —con aplauso internacional— en Gaza, forzando a las monarquías árabes a no apoyar a Hamás y conteniendo a Israel. Y es lo que ahora —corregido y aumentado y con un claro desprecio al derecho internacional— quiere repetir.

El argumento de fondo —aparte del supuesto peligro iraní— es que los ayatolás alimentan a grupos terroristas como Hizbulá y Hamás. Sin ellos, Oriente Medio estaría mejor. Más aún que, respetando el derecho internacional, el opresor régimen iraní —pese a las grandes protestas de la población— no caería nunca. Y nació en 1979.

Pero —aparte de su moralidad y legalidad— la operación genera gran incertidumbre. Si la guerra dura, las consecuencias para la economía (inflación), para la estabilidad mundial, e incluso para las corrientes migratorias, serían muy graves. Además, la ley del más fuerte es peligrosa. Es avalar la invasión de Ucrania por Putin y puede alentar la presión de China sobre Taiwán.

Por eso Europa duda. A la Comisión Europea el asunto la supera (tiene que contar con 27 estados) y los decisivos tres grandes —Alemania, Francia y Gran Bretaña— no quieren enemistarse con Trump, pero tampoco aplaudirle. Han hecho una declaración conjunta apoyando las acciones «defensivas» americanas y condenando los ataques iraníes a los países del Golfo. En el fondo, temen que Trump deje a Ucrania —y quizás a otros países del Este— indefensos ante Putin. Merz ha dicho que de facto la legalidad internacional se ha superado, Macron pide una única voz europea —difícil—, y Starmer ha acabado autorizando el uso de las bases británicas para las acciones «defensivas» de América, pero no para las «ofensivas». No quiere ser Blair y Trump ya ha mostrado su enfado.

¿Qué debía hacer España? Separarse mucho de Bruselas y de los tres grandes es arriesgado porque estamos en un momento muy volátil y, como dije el martes, «hay que tentarse bien la ropa». Y Sánchez se ha colocado en flecha. Ayer volvió a insistir en lo del «no a la guerra» (la de Bush contra Irak tuvo fatales consecuencias). Y además se ha negado a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón. ¿Debía haberlo hecho, pese a lo discutible de la operación? Y ante la negativa, Trump se ha girado contra España, «un aliado horrible», que no quiere subir el gasto de defensa al 5% del PIB, y ha ordenado «cortar todo el comercio con España». Difícil, porque el comercio es cosa de la UE, no de España. Pero un presidente estadounidense —y Trump más— tiene otras medidas de retorsión. Y Bessent, el secretario del Tesoro, se ha apresurado a decir que «España está poniendo en peligro vidas americanas».

Ya dije el martes que no era momento de cruzadas morales. Y lo de Feijóo anteponiendo los derechos humanos al derecho internacional también lo es. Pero actuar como el líder europeo más crítico con Trump (portada digital del Financial Times) puede ser glamuroso, pero no es lo más prudente. La posición española sería más fuerte con un cierto consenso en política exterior. Pero Sánchez y Feijóo acordaron reunirse para hablar de Ucrania a finales de enero y todavía no lo han hecho por el accidente de Adamuz del 18 de aquel mes. Parece que ninguno tiene ganas. Ni de hablar.

Otra cosa es si —al menos a corto— la actitud de Sánchez, contraria a la guerra, le favorece políticamente. ¿Hacer que los españoles tengan que optar entre Trump y sus defensores (¿Vox y el PP?) y él y la izquierda con el no a la guerra?

Pero la pregunta clave es si España debía permitir el uso para esta guerra —que no sabemos cuánto durará— de las bases americanas. Desde el derecho internacional parece claro que no. Desde la cautela del gobernante, y la realpolitik bajo Trump, es más discutible. ¿Qué preferiría usted?

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