Una nueva ley permitirá en Asturias las consultas ciudadanas sobre decisiones del Principado y bastará un número de firmas para reclamarlas

El proyecto de ley de Participación abre la puerta a que colectivos afectados por decisiones opinen en votaciones no vinculantes

Voto en una urna / ARNAUD JAEGERS / UNSPLASH

Asturias regulará por vez primera las consultas ciudadanas de ámbito autonómico, un instrumento que permitirá recabar la opinión de sectores o colectivos afectados por decisiones públicas regionales. La figura se incluye en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Principado aprobado por el Ejecutivo, que crea nuevos cauces para intervenir en los asuntos públicos más allá de las elecciones.

Estas consultas no tendrán el valor de un referéndum y su resultado no será jurídicamente vinculante, pero sí tendrá una carga política, ya que si la Administración se aparta del parecer expresado por los participantes, deberá exponer públicamente los motivos.

Varias son las claves de este instrumento, que existe ya en algunas comunidades autónomas, aunque se ha utilizado poco por los Gobiernos. La consulta no se dirigirá al conjunto de los asturianos, sino a un sector o colectivo relacionado con la materia objeto de la pregunta. Así, una hipotética consulta sobre una política educativa podría abrirse a familias, alumnado o profesorado; una relativa a una actuación territorial, a la población directamente concernida. La norma no hace vinculante el resultado de la consulta, pero sí obliga a la administración a justificarse. Podrá convocarla el Presidente del Principado por iniciativa propia o a petición de 6.000 personas titulares del derecho de participación. El proyecto señala que si la petición de una consulta ciudadana no recibe respuesta expresa en tres meses se entenderá admitida por silencio positivo y deberá convocarse.

Mayores de 16 años y extranjeros residentes.

Otro de los aspectos destacados del proyecto asturiano es la amplitud del........

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