Un laberinto administrativo de 31 millones y un jarro de agua fría para el Suroccidente: las claves sobre el sombrío futuro de la mina de Tyc Narcea

Los sindicatos mineros expresan su "tristeza" y critican "la falta de compromiso" del Instituto para la Transición Justa con las comarcas mineras

El Principado avisa de que la autorización del permiso de explotación, que está en trámite, está sujeto a que se resuelva la cuestión de las ayudas

La empresa niega la argumentación del Ministerio, anuncia una batalla jurídica y asegura que no se puede aplicar con carácter retroactivo la ley de Cambio Climático

Una de las concentraciones de los trabajadores de Tyc Narcea en Oviedo el pasado febrero. / Mario Canteli

El futuro de la mina de Vega de Rengos ha quedado atrapado en un laberinto administrativo de 31,24 millones de euros. La propuesta de resolución del Instituto para la Transición Justa (ITJ) que condiciona la continuidad de la explotación de TyC Narcea, en Cangas del Narcea, a la devolución de las ayudas públicas concedidas en su día a la desaparecida Carbonar ha caído como un jarro de agua fría en el Suroccidente asturiano y ha abierto, además, una evidente discrepancia entre administraciones sobre una actividad que hasta ahora contaba con autorizaciones del Principado.

LA NUEVA ESPAÑA desveló ayer la primera valoración del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El propio Ministerio confirmó posteriormente la información y, aunque recalca que se trata todavía de una «propuesta» frente a la que la empresa puede presentar alegaciones, sostiene que su criterio «cuenta con respaldo jurídico, técnico y europeo». Para fundamentarlo, cita «dos informes de la Abogacía General del Estado, informes técnicos externos sobre las explotaciones» y «las consultas mantenidas con los servicios de la Comisión Europea».

El Ministerio insiste en que la reclamación de los 31,24 millones «no se trata de una sanción a la empresa», sino de «una condición legal para reanudar la actividad». La cuestión decisiva está en determinar si la explotación actual puede considerarse o no la misma unidad de producción que aquella por cuyo cierre Carbonar recibió las ayudas públicas. Para el ITJ existen «elementos solapados» entre ambos proyectos «que vincularían el nuevo proyecto con el anterior, que recibió ayudas públicas precisamente para el cierre de la actividad minera».

TyC Narcea rechaza frontalmente esa interpretación. La compañía sostiene que explota una unidad de producción distinta y recuerda, además, que la transmisión de los derechos mineros se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición........

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