El caso Cerredo y el debate de la responsabilidad: la crisis política se enreda en confusiones interesadas y humo semántico

La disputa política por el accidente minero de Degaña reabre el debate sobre qué puede exigir el Parlamento y qué pertenece al terreno de la decisión política

Adrián Barbón, en la Junta General del Principado. / Armando Alvarez

En 1954, en el Reino Unido, un asunto menor sobre la gestión de unas tierras agrícolas en Dorset provocó una de las dimisiones más influyentes del parlamentarismo moderno. Hoy se consideraría un caso insólito. El entonces ministro de Agricultura, Thomas Dugdale, dejó su cargo tras una investigación pública (azuzada por un adversario y que con el tiempo se consideró sesgada) que señaló graves fallos administrativos en su departamento.

No hubo delito alguno ni beneficio personal, pero Dugdale asumió la responsabilidad política por lo ocurrido bajo su autoridad. Su departamento había fallado bajo su mando. El caso aún hoy se cita como paradigma de responsabilidad política.

La idea de responsabilidad nació, en cierto modo, para evitar que toda crisis pública terminase en un tribunal. Antes del parlamentarismo, la única forma de reprobar a quienes gobernaban era mediante mecanismos jurídicos principalmente penales. Incluso en algunos países, como Estados Unidos, existen procesos de destitución (impeachment) que alcanzan al Presidente y altos cargos, siempre bajo la presunción de comisión de delitos o faltas muy graves que evalúan las cámaras representativas.

El concepto se enreda ahora en todo lo que rodea al caso Cerredo, entre facturas de la oposición al presidente Adrián Barbón, humo del PSOE para diluir términos, batallas por fijar posicionamientos y trampantojos dialécticos. En este asunto se mezclan planos distintos que se confunden perniciosa y calculadamente: responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, dimisión, cese, reprobación y oportunidad.

El parlamento asturiano tiene pleno derecho a crear una comisión de investigación. No solo derecho: es uno de sus instrumentos esenciales de control. En España, además, es posible que las investigaciones parlamentarias coincidan en el tiempo con las judiciales.

Las comisiones de investigación se cierran con polémica casi siempre. No es fácil hallar precedentes de pesquisas parlamentarias que terminasen señalando responsabilidades políticas de personas del Gobierno y que el propio partido gobernante apoyase las conclusiones.

Una comisión parlamentaria no es un juzgado. Sus conclusiones no son una sentencia. No fijan una verdad penal ni administrativa. Generan una verdad política que es fruto de un momento específico, que está sometida a las mayorías, a la correlación de fuerzas y a los objetivos de cada partido. Eso no la invalida. Al contrario: esa es precisamente su naturaleza democrática. Los partidos no........

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