Quién es quién en el caso Hulla, más allá de Villa y Postigo: los quince acusados, su papel en la trama y las penas que pide Anticorrupción
Quién es quién en el caso Hulla, más allá de Villa y Postigo: los quince acusados, su papel en la trama y las penas que pide Anticorrupción
Empresarios, asesores, técnicos, un exalcalde, dos trabajadoras de los residenciales y la esposa y los hijos de José Ángel Fernández Villa completan una causa encabezada por el expresidente del Montepío José Antonio Postigo
José Antonio Postigo, José Ángel Fernández Villa, Juan Antonio Fernández, Manuel Sastre y Gabriel Pérez Villalta. / Irma Collín / J. R.
El caso Hulla lleva inevitablemente los nombres de José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo. El primero, histórico líder sindical minero del SOMA, aparece en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción como impulsor, junto al expresidente del Montepío, del supuesto plan para desviar fondos públicos y privados. Sin embargo, Villa no está entre los quince acusados: la causa fue sobreseída provisionalmente respecto a él por demencia y la Fiscalía ha presentado una demanda autónoma para decomisar el dinero que considera procedente de las actividades investigadas.
Postigo sí encabeza la lista de personas para las que el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial. Junto a él figuran empresarios, asesores del Montepío, los responsables técnicos de la residencia de Felechosa, el antiguo alcalde de Aller y familiares y personas de su círculo.
Postigo, junto a su abogado, José Joaquín García. / LNE
Postigo, el acusado situado en el centro de todas las operaciones
José Antonio Postigo presidió el Montepío de la Minería entre 2006 y 2014 y fue administrador de sus sociedades participadas. La Fiscalía lo presenta como uno de los principales colaboradores de Villa y como el ejecutor central de los supuestos planes para disponer en beneficio propio del dinero de la mutualidad.
Le atribuye tres grandes bloques de actuaciones: la presunta sobrefacturación de la limpieza de los residenciales de Roquetas de Mar y Los Alcázares; el pago con fondos del complejo murciano de obras y compras destinadas a su vivienda particular, y la operación de la residencia de Felechosa, desde la solicitud de los fondos Miner hasta la adjudicación, las certificaciones presuntamente infladas y el reparto del dinero.
Anticorrupción sostiene, además, que Postigo llevó dos bolsas de deporte con 1,2 millones de euros destinados a Villa y a su familia y que utilizó la regularización fiscal para aflorar dinero a su nombre y al de su hija.
La Fiscalía pide para Postigo penas que suman 24 años y seis meses de prisión, 80,7 millones de euros en multas fijas y otros 57 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros. También reclama ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, dos para ejercer una profesión relacionada con el delito urbanístico y cinco años sin poder obtener subvenciones, ayudas o beneficios fiscales y de la Seguridad Social.
Juan Antonio Fernández, administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, encargada de la ejecución de las obras de la residencia, con su abogado. / Irma Collín
Juan Antonio Fernández, Riera y Rocío San José: el núcleo empresarial
Juan Antonio Fernández Fernández era administrador de Alcedo de los Caballeros, la empresa elegida para construir la residencia de Felechosa, y estaba vinculado a otras sociedades utilizadas en las operaciones investigadas, como Pravi.
La Fiscalía le atribuye su participación en la sobrefacturación de la limpieza de Roquetas de Mar, en la adjudicación de la........
