La suspensión de los efectos electorales de la ley de nietos abre brecha entre los juristas: unos dicen que hay que corregir un intento de cambiar la ley por la puerta de atrás, y otros ven inconstitucional privarles del voto

En lo que se ponen de acuerdo es en la necesidad de que el Supremo resuelva la cuestión antes de las elecciones

Miguel Ángel Presno. / D. P.

La sección cuarta del Tribunal Supremo ha suspendido el acceso al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hayan obtenido la nacionalidad o estén en proceso de hacerlo en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, la llamada "ley de nietos", que concede la nacionalidad a los descendientes de las personas que tuvieron exiliarse de España a partir de 1936 por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. El Supremo, que ha tomado en consideración sendos recursos presentados por Vox y Iustitia Europa, analizará si esa nacionalidad se concedió de manera adecuada.

El problema reside en una Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aprobada pocos días después de la "ley de nietos", según la cual se presume que todas aquellas personas que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 lo hicieron como consecuencia de la violencia política, sin que tengan que justificar los motivos de su marcha. Esta instrucción permitió que las solicitudes de nacionalidad española se disparasen de manera espectacular, desde las 400.000 a las 2,4 millones.

La suspensión ha generado una gran polémica. La derecha considera que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (a cuyo frente estaba en ese momento Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente) sólo buscaba "engordar" el censo electoral a favor de la izquierda de cara a unas elecciones que se presumen fatales para el PSOE y sus socios de Gobierno. Los expertos (como los magistrados del Supermo, ya que hubo un voto particular en la resolución de suspensión) están divididos, aunque sólo

Alejandro Huergo Lora, catedrático dee Defrecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, aplaude la suspensión. "Me parece una decisión acertada y se........

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