Los españoles en el extranjero recurren al Defensor del Pueblo para frenar el veto del Supremo al voto de 163.000 nacionalizados con la "ley de nietos"

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que preside Violeta Alonso, leonesa de nacimiento y criada en Asturias, alerta de la indefensión de los afectados y denuncia que el plazo de cinco días para presentar alegaciones hace prácticamente imposible que ejerzan su derecho a la defensa

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que preside Violeta Alonso, leonesa de nacimiento y criada en Asturias, ha decidido recurrir al Defensor del Pueblo para intentar frenar la suspensión del derecho al voto de más de 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la denominada «ley de nietos» y ordenada por el Tribunal Supremo. El máximo órgano de representación institucional de los emigrantes españoles solicita a Ángel Gabilondo que interponga un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que reclame medidas cautelarísimas para garantizar la participación de los afectados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Consejo advierte, además, de los graves problemas jurídicos y materiales que plantea la decisión del Tribunal Supremo, especialmente por el exiguo plazo de cinco días hábiles concedido a los interesados para comparecer en el procedimiento y defender sus derechos.

La iniciativa del Consejo supone un nuevo paso en la contestación a la decisión del Supremo, que el pasado lunes confirmó la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones de determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El tribunal desestimó el recurso de la Abogacía del Estado, que, al igual que la Fiscalía, había solicitado levantar unas restricciones adoptadas a raíz de los recursos presentados por Vox y Iustitia Europa. Vox sostiene, sin datos que así lo corroboren, que detrás de la "ley de nietos" estaría un supuesto "pucherazo" urdido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El escrito dirigido al Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que las resoluciones del Tribunal Supremo comprometen derechos fundamentales en cuatro aspectos: la indefensión de quienes no han podido intervenir en el procedimiento, la insuficiente justificación del supuesto riesgo electoral que se pretende evitar, la desigualdad de trato entre españoles según su lugar de residencia y la suspensión del sufragio a ciudadanos cuya nacionalidad sigue siendo plenamente válida.

El órgano que representa a los españoles residentes en el extranjero pone especial énfasis en una contradicción que considera difícilmente justificable: dos personas que hayan obtenido la nacionalidad española por el mismo procedimiento pueden........

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