Zapatero afronta su declaración cuestionando la colaboración de EEUU y con el reto de justificar el origen de sus joyas

El juez Calama le interrogará por dos procedimientos penales diferentes, el que le relaciona con una red internacional de blanqueo de capitales y el recién abierto por supuesto contrabando y delito fiscal

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

El próximo miércoles 17 de junio la Audiencia Nacional acogerá una diligencia inédita hasta ahora en la historia de nuestra democracia, la comparecencia como investigado de un expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el juez José Luis Calama no en uno, sino en dos procedimientos penales: el que le vincula con una red internacional de blanqueo de capitales que habría hecho un uso fraudulento del millonario rescate de la aerolínea Plus Ultra y una segunda pieza por presunto contrabando y delito fiscal, tras el hallazgo de un 'botín' de 1,3 millones de euros en joyas en su despacho profesional.

Hasta ahora, dos expresidentes del Gobierno habían tenido que comparecer en procedimientos judiciales por corrupción, pero siempre como testigos. Felipe González lo hizo en 1997 ante el Tribunal Supremo por el caso Filesa, una presunta red de empresas vinculadas con la financiación irregular del PSOE; mientras que el popular Mariano Rajoy ha sido testigo dos veces en juicios que afectaban a su partido por los casos Gürtel y Kitchen.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Para defenderse, Rodríguez Zapatero ha elegido al prestigioso procesalista sevillano Víctor Moreno Catena, cuya estrategia determinará los siguientes pasos del proceso. La Audiencia Nacional ha reservado para su declaración los próximos 17 y 18 de junio, quizá previendo que por la cantidad de cuestiones a tratar no baste solo un día de explicaciones.

Origen de la investigación

Según se desprende de las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la causa que abrió la jueza de instrucción ordinaria Esperanza Collazos --después asumida por la Audiencia Nacional-- partió de una solicitud de colaboración contra un abogado residente en España que fue realizada por las fiscalías francesa y suiza. Ambas instituciones ya tenían puesta la lupa en una presunta red internacional de blanqueo de fondos públicos venezolanos que les permitió llegar a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por un uso presuntamente irregular del préstamo de 53 millones de euros que les otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas pesquisas dieron lugar a las primeras detenciones el pasado mes de diciembre, y la primera referencia a Zapatero aparece en un chat de WhatsApp........

© La Nueva España