A pocas semanas de las elecciones de nuevos congresistas, el país asiste a un escenario preocupante: el propio jefe de Estado, quien constitucionalmente debe garantizar la unidad y transparencia del proceso, se ha convertido en el principal promotor de la duda sobre el sistema electoral.

A través de narrativas denunciadas sin pruebas reales, el presidente Petro parece estar sembrando un campo de desconfianza que solo beneficia la polarización y la incertidumbre.

Varios han sido los supuestos peligros expuestos por el primer mandatario: que existe vulnerabilidad de los formularios E-14 (las casillas en blanco facilitarían el fraude), que el software de preconteo electoral es de una empresa privada, que la Registraduría debe entregar el código fuente completo del programa de escrutinio, que hay peligro de manipulación de datos, etc.

Estas y otras presuntas irregularidades han sido desmentidas por expertos, organismos de control, la Misión de Observación Electoral (MOE) y por el mismo Registrador Nacional. Incluso, en una fuerte respuesta, el procurador Eljach expresó: “Quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”.

Lo cierto es que no hay evidencia de lo denunciado. El proceso electoral colombiano cuenta con una trazabilidad muy clara: cada acta es escaneada y publicada inmediatamente, permitiendo que cualquier ciudadano verifique si lo que entró al sistema coincide con lo que salió.

Resulta inevitable preguntarse cuál es la finalidad de sembrar estas dudas sobre el proceso electoral, máxime si este mismo fue lo suficientemente robusto como para darle la victoria al actual mandatario en 2022.

La respuesta podría ser puramente estratégica. Si los resultados del próximo 7 de marzo no favorecen a sus candidatos, la narrativa del fraude sería perfecta para atacar los resultados electorales.

El sistema colombiano es transparente, trazable y está bajo el directo control de un organismo estatal independiente: la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desconocer esta realidad sin pruebas verificables es un acto de temeridad que podría llevar a un escenario de violencia política.

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