las ramas y órganos del poder público, verifiquen lo que está ocurriendo, sus características y sus causas, así como las responsabilidades consiguientes y las posibles soluciones. La actual situación no puede continuar, cuando se proclama que Colombia es un Estado Social de Derecho. Están de por medio nada menos que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas residentes en nuestro territorio.

Resulta inconcebible que el Congreso hunda, sin discutir, los proyectos de reforma;  que no haya sanciones; que el Estado no intervenga adecuadamente; que no se haya hecho justicia en los numerosos casos de corrupción y que, por encima de la salvaguarda y protección de los aludidos derechos, prevalezcan criterios como el interés económico de entidades particulares, la confrontación partidista o los intereses políticos en época electoral.

El que se afronta hoy en materia de salud es un problema real que, infortunadamente, aunque viene de varios años atrás -como lo reconoció la Corte Constitucional cuando declaró el estado de cosas inconstitucional-, se ha incrementado de manera ostensible, con grave y evidente daño social.

La normatividad constitucional es clara y está siendo vulnerada e inaplicada. No es admisible ningún argumento para que el Estado en su conjunto -no solamente el Gobierno- eluda sus compromisos y obligaciones en la materia. No entendemos la razón para que continúen las criminales actitudes de fata de atención, acaparamiento y retención de medicinas esenciales para niños, personas de la tercera edad y pacientes con enfermedades de especial gravedad, cuando, siguiendo los mandatos constitucionales, el sistema debería funcionar de manera que garantizara -de verdad y en forma permanente y segura- el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios de salud.

Ha expresado acertadamente la Defensoría del Pueblo: “La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

Por su parte, la Procuraduría General ha advertido sobre un deterioro progresivo en la estructura, funcionamiento y operatividad del sistema de salud, con grave riesgo para las vidas de muchos colombianos. Reitera el Ministerio Público, por otra parte, que la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud “ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera”.

La gravedad de la situación es tal que no están dando resultados ni siquiera las providencias que conceden la tutela. A su amparo se han salvado muchas vidas y se ha preservado la dignidad de millones de usuarios a lo largo de los años, pese al deficiente sistema de salud. Pero ahora resulta que se extiende el desacato a las sentencias judiciales que conceden la protección.

Se requiere, entonces, aplicar el Decreto 2591/91, que contempla, para el desacato, arresto hasta de seis meses y multas sucesivas hasta de veinte salarios mínimos mensuales.

Y el Estado -director general de la economía- debe intervenir con mayor efectividad para asegurar a todos el acceso efectivo a la salud, que es un servicio esencial.  Está de por medio el derecho a la vida.

© La Nación