La salud pública es la expresión más concreta de la dignidad humana. Cuando el sistema funciona, protege la vida; cuando falla, la pone en riesgo. Hoy, lo que estamos viendo en Colombia obliga a una reflexión seria y responsable sobre el rumbo de nuestro sistema de salud.

Es cierto que el país ha tomado decisiones importantes en prevención. El Ministerio de Salud anunció la introducción progresiva de la vacuna contra el dengue dentro del Programa Ampliado de Inmunización, que hoy incluye 24 vacunas para prevenir más de 30 enfermedades. También se han aplicado más de 50.000 dosis de vacunación materna contra el Virus Sincitial Respiratorio para proteger a recién nacidos en sus primeros meses de vida. Son medidas respaldadas por criterios técnicos y reportadas por el propio Ministerio de Salud, y demuestran que el conocimiento y la capacidad institucional existen.

Pero la salud pública no se evalúa solo por programas preventivos, sino por la capacidad real de atender a quienes ya están enfermos. Casos recientes que han generado indignación nacional, especialmente de pacientes que no reciben medicamentos a tiempo, evidencian fallas estructurales que no pueden minimizarse. En el país se han identificado más de 2.000 enfermedades raras, según organizaciones médicas y registros sanitarios, y miles de pacientes enfrentan barreras administrativas para acceder a tratamientos vitales.

A esto se suma un dato preocupante de percepción ciudadana: estudios de opinión citados por medios nacionales han señalado que más del 60 % de los colombianos considera que el sistema de salud está sobrecargado y que el acceso oportuno no está garantizado. Cuando la confianza pública se deteriora, el problema deja de ser técnico y se convierte en social.

Desde mi posición, la salud no puede depender de trámites interminables ni de disputas administrativas, y menos de intereses políticos. El derecho a la salud debe tener una garantía efectiva, oportuna y de calidad, no promesas de campaña.

Se requiere una política integral que priorice tres acciones concretas: garantizar la entrega oportuna de medicamentos mediante sistemas de control y seguimiento en tiempo real; fortalecer la atención primaria en territorios intermedios y rurales; y asegurar transparencia en el flujo de recursos para que cada peso destinado a la salud llegue realmente al paciente.

En departamentos como Huila, donde las distancias y las limitaciones de acceso profundizan la desigualdad, estas decisiones no son teóricas: son determinantes para la vida cotidiana de miles de familias.

La salud pública no admite indiferencia ni improvisación. Un sistema sanitario digno se mide por su capacidad de responder a tiempo. Colombia tiene el conocimiento, los recursos y el talento humano. Lo que falta es decisión para que el derecho a la salud deje de ser una expectativa y se convierta en un derecho fundamental, real, efectivo y oportuno, con dignidad y calidad.

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