Se percibe en la opinión un cansancio creciente frente a las embestidas constantes de Gustavo Petro contra el orden institucional. No son episodios aislados ni exabruptos pasajeros: configuran una estrategia reiterada que oscila entre la distracción —cuando arrecian los escándalos de corrupción en su entorno— y la insinuación de algo mayor: prolongar su poder más allá de los límites constitucionales. Sus recurrentes llamados a una asamblea constituyente, incluso apelando a figuras inexistentes en la Carta, no han sido simples ocurrencias retóricas, sino desafíos sistemáticos al marco democrático.

Desde hace semanas, el libreto cambió de tono. Petro insiste en posicionar la narrativa del “fraude electoral”. A diario siembra sospechas sobre la organización electoral, cuestiona el mismo sistema que lo eligió y le pone un manto de dudas a los escrutinios que aún no ocurren. Lo hace justo en vísperas electorales, insinuando irregularidades en los sistemas de información que —vale recordarlo— no cuentan votos y están sometidos a auditorías nacionales e internacionales.

Este antecedente es revelador. En noviembre de 2025, cuatro años después de los comicios de 2022, la Presidencia presentó una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca denunciando un supuesto fraude. El proceso no prosperó: no hubo pruebas. Los abogados de Petro admitieron que sus afirmaciones sobre el software y el conteo eran opiniones, no hechos verificables. Intentó judicializar su retórica y convertir su sospecha en expediente.

Lejos de rectificar, Petro ha intensificado la ofensiva. Más de sesenta trinos, discursos y alocuciones han reiterado su narrativa de un fraude sobreviniente. Sin evidencias, contradice a la Registraduría, a la MOE y a los medios. Difundió incluso el testimonio de una supuesta “testigo” del fraude de 2022; horas después se conocieron contratos por $380 millones suscritos con ella.

También arremetió contra la firma Asesoría en Sistematización de Datos (ASD), a la que vinculó con presuntos fraudes internacionales y responsabilizó del preconteo. Sin embargo, esa misma empresa celebró contratos por $155 millones con su Gobierno. La incoherencia es evidente: si ASD no es confiable, ¿por qué la contrata?

La narrativa del “fraude” no es una denuncia jurídica sustentada, sino una coartada anticipada. No busca transparencia, sino condicionar el resultado; no protege la democracia, la erosiona. Desacreditar de antemano el sistema electoral es preparar el terreno para desconocerlo si el veredicto no lo favorece. Ojalá estas señales no presagien un desenlace más grave. Pero cuando el gobernante cuestiona sin pruebas las reglas del juego que juró respetar, la democracia queda en vilo. La respuesta de la oposición debe ser contundente en las urnas.

© La Nación