Cuando escuché que el Gobierno había pedido trámite de urgencia para su Ley de Rescate Económico, pensé en algo que rara vez ocupa el centro de esas discusiones: la gente no compra con porcentajes, compra con lo que le queda después de pagar servicios, transporte y deudas.

No desconozco el problema fiscal, un país que gasta por encima de sus posibilidades termina pagando intereses en lugar de atender necesidades. Pero tampoco acepto que la palabra «rescate» sea suficiente para justificar cualquier medida. Quiero saber quién pone el dinero, quién recibe el alivio, quién corre el riesgo si los cálculos fallan.

El proyecto propone que, desde 2028, varios........

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