Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La noche del 14 de abril, Olga Matute pasó unas horas en las urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge. Se había activado el protocolo de prevención del suicidio. Horas después le dieron el alta.

Su abogado llevó esa prueba al juzgado para pedir que se parara el lanzamiento previsto para el día siguiente. El juez lo denegó y, según el relato de su entorno, le abrió un expediente al abogado porque la petición basada en el estado de salud de la mujer no estaba «suficientemente acreditada».

El 15 de abril la desahuciaron. El 7 de septiembre se quitó la vida.

Tenía 54 años y dos hijas, una aún menor. Había nacido y crecido en el barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet, había formado parte de la junta de la asociación vecinal y los últimos años militaba en el Sindicat d’Habitatge (Sindicato de Vivienda). El día que la echaron de casa tenía acogida a otra compañera desahuciada con su hijo.

Olga había comprado el piso de la calle del Comerç hacía una veintena de años con una hipoteca de Banc Sabadell. Después se separó, se quedó sin trabajo y no recibió la pensión alimenticia de las dos hijas. Cuando dejó de poder pagar la hipoteca, entregó el piso al banco a cambio de quedarse como inquilina, con un alquiler social.

Pasó de propietaria a inquilina de su propia casa. Y durante unos años ese arreglo funcionó. Hasta que la casa se convirtió en un activo.

Cuando una casa se convierte en un activo

Entre 2018 y 2019, Banc Sabadell traspasó miles de inmuebles procedentes de la crisis de 2008 a sociedades participadas por el fondo Cerberus. El piso de Olga acabó en manos de Promontoria Coliseum Real Estate, que, según su entorno, le exigió que se fuera y no le renovó el contrato a pesar de que ella continuaba pagando.

A partir de ahí, su vida entró en un........

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