Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

ROGER MOLINAS // Diada de 2012. Entre los centenares de miles de personas que participaban en la primera manifestación masiva de la ANC, había un insignificante puesto junto a la estatua de Rafael Casanova. Allí, una pequeña formación de extrema derecha vendía por 3 euros un boletín de 40 páginas con ideas tan extremistas como definir a la población catalana como una raza superior, tratar a los castellanoparlantes de «purrialla» y «exterminadores», afirmar que era imposible la convivencia con ningún inmigrante, defender que nunca se reconocería el resultado de una consulta por la autodeterminación en la cual se permitiera el voto de «nuestros enemigos castellanos» e insinuar una vía violenta hacia el Estado Catalán [1].

Aquel grupúsculo se denominaba Els Intransigents de Catalunya, y su secretaria y redactora de la mayoría de los textos era Sílvia Orriols [2], actual alcaldesa de Ripoll —el municipio más grande de España en manos de la ultraderecha—, diputada en el Parlament y a quien los sondeos sitúan como primera fuerza política en Girona y Lleida, donde duplica la media de intención de voto de Vox en el resto del Estado.

¿Qué ha pasado en los últimos 14 años para que unos planteamientos que en aquel momento sonaban a delirios marginales —dudo mucho que vendieran una de las 150 copias que editaron de aquella publicación— actualmente tengan una aceptación tan grande en un sector muy destacado del electorado?

En sus inicios, el Procés mantenía un discurso oficial —al menos de cara a la galería— de integración, diversidad y antirracismo. El movimiento independentista insistía en la idea de que España —entonces gobernada por el PP con mayoría absoluta— era un Estado fascista irreformable y que la mejor manera de conseguir una ruptura, como la que pedía el 15-M ante la crisis económica, era la secesión.

En 2013 se creó la plataforma Súmate, que, con cierto paternalismo y condescendencia, trataba de evangelizar a la población castellanohablante en la buena nueva del soberanismo. Colocaban a algunos de ellos en lugares destacados de las listas de las formaciones soberanistas, como queriendo insinuar que, si la clase obrera de origen migrado asumía como propio el discurso nacionalista, quizás ellos también podrían aspirar a escalar dentro de la política catalana.

En 2017, la ANC animaba a participar en la manifestación convocada por el colectivo «Casa nostra, casa vostra» para acoger refugiados sirios. Incluso en febrero de 2018, JxC se manifestaba ante el CIE de la Zona Franca para pedir su cierre.

Pero mientras esto sucedía, en paralelo se empezaban a detectar señales preocupantes de que algo se cocía en las bases más hiperventiladas del nacionalismo catalán.

Un año antes de aquel 2012, en las elecciones municipales de 2011, ya había saltado una alarma con la irrupción de la primera candidatura ultraderechista catalana (Plataforma per Catalunya, PxC), que consiguió 67 regidores y 65.905 votos (el 2,3% del total en Catalunya). Si bien aquella formación no era en absoluto independentista, es obvio que una buena parte de sus electores sí que lo eran, dado que en el Ayuntamiento de Vic —ciudad con un electorado muy catalanista— PxC logró el hito de 5 regidores y el 19,84% del voto, convirtiéndose en la segunda fuerza política. Aquel partido se acabó disolviendo gracias a la presión antifascista y a sus disputas internas, pero su líder, Josep Anglada, todavía sigue siendo regidor en Vic hoy en........

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